Han finalizado los trabajos del VI Pre-pleno de la Sección XXII del SNTE y las cosas no pintan bien. Dos acuerdos llaman primero nuestra atención: el desconocimiento de la secretaria general de gobierno, Irma Piñeyro y la demanda de destitución del director general del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares. El primero de los acuerdo lo anunciaron los dirigentes magisteriales con el argumento de que la Sra. Piñeyro era una carta de Elba Esther Gordillo en el gabinete del gobernador Cué Monteagudo; pero el segundo, aunque argumentan las mismas razones, obedece a otras circunstancias.
La opinión que el director general del IEEPO ofreció a la prensa local, puso de manifiesto su interés de que los integrantes de la sección 59 del SNTE, se reintegraran a la sección XXII y en otras declaraciones, prácticamente desconoció a la sección 59 como gestora válida de los asuntos de los trabajadores de la educación; tanto así, que el propio gobernador Gabino Cué, tuvo que salir al paso y matizar la posición del gobierno del estado al respecto.
Al asumir estas posiciones, se mostraba no sólo la disciplina del director del IEEPO para con la posible política oficial; sino también se quería enviarle a los trabajadores de la educación de la sección XXII un mensaje que suavizara sus debates en el pre-pleno. De cualquier manera, la reacción de la sección 59 no se hizo esperar y criticó al gobierno del estado por entrometerse en asuntos del SNTE.
Sin embargo, tanto cuidó el director del IEEPO no cometer errores al tocar el tema del conflicto entre las secciones sindicales, que descuidó la relación con las expresiones políticas de la sección XXII: la percepción que tuvieron los grupos al interior del sindicato, fue que el gobierno del estado privilegiaba la relación con algunas corrientes y sus organizaciones afines; pero que no estaba dispuesto a dialogar con todas, sino hasta después del pre-pleno. La respuesta a esta política, la tenemos ahora a la vista. Lo curioso del caso es que la sección XXII, exige hoy la destitución de quien se mostró como su principal aliado y la sección 59, quizás hasta celebre que la XXII lo libere de un enemigo declarado.
Otro acuerdo es el de la conformación de una comisión negociadora ampliada. Este tipo de comisión es un recursos que utilizan las expresiones al interior de la sección XXII cuando quieren neutralizar a la comisión política y más directamente, al secretario general en turno para así ponerse al frente de las negociaciones de manera más “democrática”, y no permitir que unos cuantos monopolicen los acuerdos y relaciones con el gobernador, como sucedió en el año 2005 y que dio como resultado la comisión ampliada que dirigió al magisterio durante el conflicto del 2006, con los resultados que conocemos. De lo que todo esto le afecta, Azael Santiago Chepi no parece darse cuenta, o lo disimula bien.
El establecimiento de una comisión permanente de honor y justicia, sólo puede interpretarse como una clara amenaza para todos los que pretendan negociar en lo obscurito con el gobierno del estado; pero también para quienes pronto sufrirán la aplicación del principio rector 20.
En esto también está implicada la situación de los niveles educativos en los que se ha desatado la corrupción. Un caso elocuente es el de secundarias generales, donde el jefe del departamento está acorralado por quienes venden plazas y quieren que él sólo autorice las asignaciones, mientras ellos siguen con su negocio. Ya se acordó una comisión investigadora y de aquí es previsible esperar el recrudecimiento del conflicto interno.
En mi opinión, el gobierno del estado no supo reaccionar adecuadamente en función de la complejidad del IEEPO y de la velocidad con que se suscitan los hechos al interior de las secciones sindicales.
Por lo pronto, el acuerdo de exigir la destitución de Bernardo Vásquez Colmenares pone a las expresiones en condiciones de negociar directamente con el gobernador del estado y tomar acuerdos sobre sus asuntos; de lo contrario harán efectivo el desconocimiento del actual director del IEEPO. Si el gobernador no accede, irán incrementando la presión e intensificando las movilizaciones en todo el estado hasta llegar, si lo creen necesario, a romper la “mesa de negociaciones”.
Es lamentable que los dirigentes magisteriales con sus acuerdos, pongan en riesgo no sólo la paz pública, sino la integridad de su propio movimiento. La administración del gobernador Gabino Cué, goza aún del bono democrático que el pueblo le otorgó en las pasadas elecciones y puede hacer valer su autoridad; por otra parte, la sección XXII no tiene la simpatía de una gran parte de la población.
Conforme se acerque el mes de mayo, las cosas se complicarán aún más, será la primera vez que el gobierno de Gabinó Cué negocie formalmente con la sección XXII (¿y con la 59?). En todo esto, no sólo se trata de buscar una salida al eventual conflicto, sino de avanzar en la mejora del servicio educativo y garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca.
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