Las primeras decisiones que ha tomado el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dejan entrever cierta tensión entre una racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, al viejo estilo priísta. Abandonar esta dualidad de referentes en la toma de decisiones no será, al parecer, una tarea fácil para el nuevo gobierno.
Las declaraciones del gobernador electo, previas a la integración del gabinete, hacían pensar en una selección racional y democrática de los funcionarios; proceso que estaría supeditado a la naturaleza, objetivos, metas y estrategias del plan de gobierno. Sin embargo, la designación de varios miembros del gabinete, parece obedecer más a las presiones de los partidos que integraron la alianza electoral, que a un perfil adecuado al plan, cuyos lineamientos generales se esbozaron en el discurso de toma de protesta del licenciado Gabino Cué.
No podemos generalizar al afirmar que los nuevos funcionarios desconocen el funcionamiento y el nivel de complejidad de las áreas bajo su responsabilidad; pero en algunos casos, el aprendizaje tendrá un alto costo para el gobernador, tanto en términos políticos como de eficiencia y eficacia administrativa.
El bono democrático que el electorado le dio a la actual administración, puede agotarse rápidamente si no se elimina la tensión entre los referentes de la toma de decisiones. Lo anterior significa, que el gobernador Gabino Cué puede perder la credibilidad de la población y por tanto debilitarse su liderazgo. Ante esto, se plantearían dos caminos igualmente inconvenientes: el retorno al autoritarismo o a la actitud del dejar hacer y dejar pasar.
Como las presiones de los grupos de interés, no dejará paso libre a la racionalidad democrática, de poco sirve plantear una administración transparente de los recursos públicos, si se llega a sospechar que su aplicación responde a intereses particulares y no al bien común, o ¿la transparencia justificaría el fin, cualquiera que éste sea?
El gobernador debe cuidarse además, de no caer en los excesos legisladores. Las leyes con un nuevo espíritu, como las que ya propuso al congreso, son sólo una parte del proceso de construcción de la democracia, su complemento es la realidad de la conducta de los sujetos políticos y su cultura, pues estos últimos siempre tendrán manera de sortear los dictados de la ley, sin violarla, para cumplir propósitos perversos. Es preferible que las iniciativas de reforma de los códigos, sobre todo políticos, estén orientadas a regular realidades más que a construir quimeras.
En otras palabras, si predomina la presión de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobernador Cué Monteagudo, corre el riesgo de que la transparencia de su administración y la novedad en las iniciativas de reformas legales, terminen siendo parte de su caricatura política, más que una contribución al cambio democrático en Oaxaca. Con el ex presidente Fox sucedió algo parecido.
Resolver la tensión entre los referentes de racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, pasa por la construcción de una nueva relación con los partidos políticos y con las organizaciones sociales y los sindicatos; una relación de cara al pueblo, donde los acuerdos o compromisos respondan a las necesidades y prioridades de la población y donde los actores políticos, den garantía de su representatividad y dejen de especular con membretes rimbombantes. En todo esto, los diputados deberían jugar un papel importante haciendo efectiva la representatividad de sus distritos. Mal haría un diputado en reconocer que la representación en su distrito electoral la tiene, de hecho, otra persona u organización. No niego la existencia de las minorías; pero si no pudieron ganar la elección en su distrito, menos deben monopolizar la gestión ante el nuevo gobierno. Aquí es donde se verá si el triunfo electoral es igual a la legitimidad política, o cada uno se construye por separado.
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