Las primeras decisiones que ha tomado el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dejan entrever cierta tensión entre una racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, al viejo estilo priísta. Abandonar esta dualidad de referentes en la toma de decisiones no será, al parecer, una tarea fácil para el nuevo gobierno.
Las declaraciones del gobernador electo, previas a la integración del gabinete, hacían pensar en una selección racional y democrática de los funcionarios; proceso que estaría supeditado a la naturaleza, objetivos, metas y estrategias del plan de gobierno. Sin embargo, la designación de varios miembros del gabinete, parece obedecer más a las presiones de los partidos que integraron la alianza electoral, que a un perfil adecuado al plan, cuyos lineamientos generales se esbozaron en el discurso de toma de protesta del licenciado Gabino Cué.
No podemos generalizar al afirmar que los nuevos funcionarios desconocen el funcionamiento y el nivel de complejidad de las áreas bajo su responsabilidad; pero en algunos casos, el aprendizaje tendrá un alto costo para el gobernador, tanto en términos políticos como de eficiencia y eficacia administrativa.
El bono democrático que el electorado le dio a la actual administración, puede agotarse rápidamente si no se elimina la tensión entre los referentes de la toma de decisiones. Lo anterior significa, que el gobernador Gabino Cué puede perder la credibilidad de la población y por tanto debilitarse su liderazgo. Ante esto, se plantearían dos caminos igualmente inconvenientes: el retorno al autoritarismo o a la actitud del dejar hacer y dejar pasar.
Como las presiones de los grupos de interés, no dejará paso libre a la racionalidad democrática, de poco sirve plantear una administración transparente de los recursos públicos, si se llega a sospechar que su aplicación responde a intereses particulares y no al bien común, o ¿la transparencia justificaría el fin, cualquiera que éste sea?
El gobernador debe cuidarse además, de no caer en los excesos legisladores. Las leyes con un nuevo espíritu, como las que ya propuso al congreso, son sólo una parte del proceso de construcción de la democracia, su complemento es la realidad de la conducta de los sujetos políticos y su cultura, pues estos últimos siempre tendrán manera de sortear los dictados de la ley, sin violarla, para cumplir propósitos perversos. Es preferible que las iniciativas de reforma de los códigos, sobre todo políticos, estén orientadas a regular realidades más que a construir quimeras.
En otras palabras, si predomina la presión de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobernador Cué Monteagudo, corre el riesgo de que la transparencia de su administración y la novedad en las iniciativas de reformas legales, terminen siendo parte de su caricatura política, más que una contribución al cambio democrático en Oaxaca. Con el ex presidente Fox sucedió algo parecido.
Resolver la tensión entre los referentes de racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, pasa por la construcción de una nueva relación con los partidos políticos y con las organizaciones sociales y los sindicatos; una relación de cara al pueblo, donde los acuerdos o compromisos respondan a las necesidades y prioridades de la población y donde los actores políticos, den garantía de su representatividad y dejen de especular con membretes rimbombantes. En todo esto, los diputados deberían jugar un papel importante haciendo efectiva la representatividad de sus distritos. Mal haría un diputado en reconocer que la representación en su distrito electoral la tiene, de hecho, otra persona u organización. No niego la existencia de las minorías; pero si no pudieron ganar la elección en su distrito, menos deben monopolizar la gestión ante el nuevo gobierno. Aquí es donde se verá si el triunfo electoral es igual a la legitimidad política, o cada uno se construye por separado.
domingo, 5 de diciembre de 2010
miércoles, 3 de noviembre de 2010
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA EDUCACIÓN EN OAXACA
Construir escenarios futuros, es arriesgarse a especular. Nada de lo hasta ahora conocido en las ciencias sociales, permite predecir el futuro. Sin embargo, es posible anticiparse al efecto de algunas variables sobre otras, a condición de conocer la relación entre ellas y observar sus tendencias. Nada garantiza que las tendencias no se modifiquen sin previo aviso y cambien radicalmente su dirección; pero existe una alta probabilidad de que si las condiciones de contexto y las relaciones conocidas entre las variables no cambian, sus efectos se mantendrán constantes y por tanto, las tendencias seguirán el curso previsto.
No es de ningún modo recomendable tomar decisiones anticipadas a partir de escenarios posibles, sin embargo es conveniente considerarlos como referentes para evaluar situaciones reales que pueden conducir o no a ellos.
Nos interesa analizar posibles escenarios en la relación Sección XXII del SNTE y la administración del gobierno del estado que entrará en funciones a partir del 1º de diciembre del presente año (2010). Nos hemos fijado como horizonte para nuestro análisis, el año de 2012, en vista de que en ese año, se darán definiciones políticas nacionales que modificarán el contexto en el que se dará la relación Sección XXII del SNTE y el Gobierno del estado y ese cambio alterará las tendencias de las variables bajo análisis.
En términos generales, los escenarios posibles se podrían agrupar en dos grupos: un grupo, comprendería aquellos en los que el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE llegan al acuerdo de impulsar juntos la mejora de los servicios educativos y de revisar las demandas laborales del sindicato sin alterar la prestación de dicho servicio, ni perjudicar a terceros en sus derechos. Estos escenarios, aunque poco probables, son del todo posibles. Otro grupo de escenarios es aquel en el que la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, es conflictiva en diferentes grados. El primer grupo de escenarios, aunque interesantes, no plantean ningún problema, podrían ser vistos, en todo caso, como escenarios-solución. Preocupan en cambio, aquellos que podrían entorpecer las funciones de gobierno, una de ellas estratégica, como la de ofrecer servicios de educación a la población.
Lo que sigue, es el adelanto de un trabajo que realizo para construir escenarios que eventualmente presenten riesgos para la educación en el estado, un conjunto de ellos, como he dicho, tiene como centro, la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, bajo la hipótesis de conflictividad.
En el marco de esta hipótesis, se da cierta tensión en la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE a la que denominamos “conflictividad”, misma que puede variar a partir de la influencia de varios factores o situaciones. Aunque la conflictividad refiere casi siempre a una relación entre oponentes que buscan dominarse uno al otro, que no es exactamente el caso de la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, utilizamos este concepto para describir la relación entre dos actores que en Oaxaca se oponen en términos semejantes a como se considera a los sujetos en la teoría de juegos: no se trata en este caso de dominar, sino de ganar.
Lo que dificulta comprender la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, es la complejidad interna de dicho organismo sindical, que no permite suponer una toma de decisiones a partir de conductas “racionales” de un sujeto, ya que si bien esas decisiones existen, se subsumen a la dinámica interna de los grupos al interior de ese sindicato.
Presentaremos algunos escenarios posibles derivados de esa relación de conflictividad y estimaremos la probabilidad de su realización, dicha probabilidad es subjetiva y se basa en el conocimiento de la estructura y el contexto de nuestro objeto de estudio.
Para construir los escenarios, hemos seleccionado un conjunto de variables que permiten simplificar la descripción de los estados futuros de las relaciones y sus efectos en todo el sistema.
I. EL MODELO
Conflictividad de la Sección XXII (F22). Esta variable, la definimos como el conjunto de acciones que la Sección XXII lleva a cabo, derivadas de su relación con el gobierno del estado y federal, para lograr sus propósitos estratégicos. Dichas acciones, serán conflictivas, en tanto que afecten los derechos constitucionales de la población, violenten las leyes establecidas, propicien o realicen acciones delictivas o llamen francamente a la insurrección contra el orden establecido, como sucedió en el 2006. El nivel de conflictividad puede ser bajo, moderado o alto, dependiendo del tipo de acciones que realicen, su duración, intensidad, el tamaño del territorio o población que afecten, los procesos económicos que dañen, el grado en que disminuyan la efectividad del gobierno y su legitimidad. Un escenario 100% conflictivo, reproduciría las condiciones del 2006 sobre las que tenemos bastante información.
Algunos de los elementos que influyen en la variabilidad de la conflictividad de F22 son:
El tipo y contenido de sus demandas (Tcd), el nivel de satisfacción de las necesidades de los niveles educativos (Sne), las pugnas y lucha interna de los grupos que operan al interior de la Sección XXII (Lgi), las necesidades planteadas por el servicio público de educación (Spe), las pugnas internas por el poder al interior de la administración pública (Fint) y las exigencias de las organizaciones sociales (Fong).
Otro conjunto es el que llamamos variables de contexto:
Los efectos de la situación económica nacional sobre la población del estado (Cec). Los efectos que producen las acciones de los partidos políticos para ganar en las elecciones del 2012 (Cpe), el efecto que produce en la población y las organizaciones sociales la violencia y el miedo: asesinatos, heridos, encarcelamientos, secuestros, amenazas, enfrentamientos, asaltos, actos terroristas o insurreccionales, independientemente de si su origen es el crimen organizado u otro tipo de actores o los fenómenos naturales(Cv)
Hemos omitido del modelo a los partidos políticos, ya que se implica su presencia en Cpe. Los organismos como: Comisión Política, Comisión Negociadora, Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, de la Sección XXII, etc.,etc., las denominados en el modelo “variables de relación”, ya que su presencia media entre las variables explícitas, e influye en su interacción.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables afecta el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables puede afectar el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE en su relación con el gobierno del estado. Las flechas con línea continua representa un efecto directo, las flechas con línea punteada, significan que para hacer sentir su efecto, la variable requiere de la intermediación de un organismo de gobierno de la Sección XXII: Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, Pre-Congreso, etc., etc. Todas las relaciones entre las variables, representan la “circulación” de información, pertinente para cierto tipo de actores.
El modelo, propone relaciones hipotéticas entre las variables y asumimos que el cambio de “estado” del sistema, permite describir un escenario diferente en función de la o las variables “independientes” que se elijan como referentes.
No es de ningún modo recomendable tomar decisiones anticipadas a partir de escenarios posibles, sin embargo es conveniente considerarlos como referentes para evaluar situaciones reales que pueden conducir o no a ellos.
Nos interesa analizar posibles escenarios en la relación Sección XXII del SNTE y la administración del gobierno del estado que entrará en funciones a partir del 1º de diciembre del presente año (2010). Nos hemos fijado como horizonte para nuestro análisis, el año de 2012, en vista de que en ese año, se darán definiciones políticas nacionales que modificarán el contexto en el que se dará la relación Sección XXII del SNTE y el Gobierno del estado y ese cambio alterará las tendencias de las variables bajo análisis.
En términos generales, los escenarios posibles se podrían agrupar en dos grupos: un grupo, comprendería aquellos en los que el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE llegan al acuerdo de impulsar juntos la mejora de los servicios educativos y de revisar las demandas laborales del sindicato sin alterar la prestación de dicho servicio, ni perjudicar a terceros en sus derechos. Estos escenarios, aunque poco probables, son del todo posibles. Otro grupo de escenarios es aquel en el que la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, es conflictiva en diferentes grados. El primer grupo de escenarios, aunque interesantes, no plantean ningún problema, podrían ser vistos, en todo caso, como escenarios-solución. Preocupan en cambio, aquellos que podrían entorpecer las funciones de gobierno, una de ellas estratégica, como la de ofrecer servicios de educación a la población.
Lo que sigue, es el adelanto de un trabajo que realizo para construir escenarios que eventualmente presenten riesgos para la educación en el estado, un conjunto de ellos, como he dicho, tiene como centro, la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, bajo la hipótesis de conflictividad.
En el marco de esta hipótesis, se da cierta tensión en la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE a la que denominamos “conflictividad”, misma que puede variar a partir de la influencia de varios factores o situaciones. Aunque la conflictividad refiere casi siempre a una relación entre oponentes que buscan dominarse uno al otro, que no es exactamente el caso de la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, utilizamos este concepto para describir la relación entre dos actores que en Oaxaca se oponen en términos semejantes a como se considera a los sujetos en la teoría de juegos: no se trata en este caso de dominar, sino de ganar.
Lo que dificulta comprender la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, es la complejidad interna de dicho organismo sindical, que no permite suponer una toma de decisiones a partir de conductas “racionales” de un sujeto, ya que si bien esas decisiones existen, se subsumen a la dinámica interna de los grupos al interior de ese sindicato.
Presentaremos algunos escenarios posibles derivados de esa relación de conflictividad y estimaremos la probabilidad de su realización, dicha probabilidad es subjetiva y se basa en el conocimiento de la estructura y el contexto de nuestro objeto de estudio.
Para construir los escenarios, hemos seleccionado un conjunto de variables que permiten simplificar la descripción de los estados futuros de las relaciones y sus efectos en todo el sistema.
I. EL MODELO
Conflictividad de la Sección XXII (F22). Esta variable, la definimos como el conjunto de acciones que la Sección XXII lleva a cabo, derivadas de su relación con el gobierno del estado y federal, para lograr sus propósitos estratégicos. Dichas acciones, serán conflictivas, en tanto que afecten los derechos constitucionales de la población, violenten las leyes establecidas, propicien o realicen acciones delictivas o llamen francamente a la insurrección contra el orden establecido, como sucedió en el 2006. El nivel de conflictividad puede ser bajo, moderado o alto, dependiendo del tipo de acciones que realicen, su duración, intensidad, el tamaño del territorio o población que afecten, los procesos económicos que dañen, el grado en que disminuyan la efectividad del gobierno y su legitimidad. Un escenario 100% conflictivo, reproduciría las condiciones del 2006 sobre las que tenemos bastante información.
Algunos de los elementos que influyen en la variabilidad de la conflictividad de F22 son:
El tipo y contenido de sus demandas (Tcd), el nivel de satisfacción de las necesidades de los niveles educativos (Sne), las pugnas y lucha interna de los grupos que operan al interior de la Sección XXII (Lgi), las necesidades planteadas por el servicio público de educación (Spe), las pugnas internas por el poder al interior de la administración pública (Fint) y las exigencias de las organizaciones sociales (Fong).
Otro conjunto es el que llamamos variables de contexto:
Los efectos de la situación económica nacional sobre la población del estado (Cec). Los efectos que producen las acciones de los partidos políticos para ganar en las elecciones del 2012 (Cpe), el efecto que produce en la población y las organizaciones sociales la violencia y el miedo: asesinatos, heridos, encarcelamientos, secuestros, amenazas, enfrentamientos, asaltos, actos terroristas o insurreccionales, independientemente de si su origen es el crimen organizado u otro tipo de actores o los fenómenos naturales(Cv)
Hemos omitido del modelo a los partidos políticos, ya que se implica su presencia en Cpe. Los organismos como: Comisión Política, Comisión Negociadora, Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, de la Sección XXII, etc.,etc., las denominados en el modelo “variables de relación”, ya que su presencia media entre las variables explícitas, e influye en su interacción.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables afecta el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables puede afectar el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE en su relación con el gobierno del estado. Las flechas con línea continua representa un efecto directo, las flechas con línea punteada, significan que para hacer sentir su efecto, la variable requiere de la intermediación de un organismo de gobierno de la Sección XXII: Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, Pre-Congreso, etc., etc. Todas las relaciones entre las variables, representan la “circulación” de información, pertinente para cierto tipo de actores.
El modelo, propone relaciones hipotéticas entre las variables y asumimos que el cambio de “estado” del sistema, permite describir un escenario diferente en función de la o las variables “independientes” que se elijan como referentes.
lunes, 25 de octubre de 2010
ASESINATOS, VIOLENCIA Y TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA
El 23 de octubre de 2010, fue asesinado Heriberto Pazos Ortiz, líder histórico del Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT). El móvil del crimen, él o los autores intelectuales (y puede que hasta los autores materiales), podrían quedar, como ha ocurrido en muchos otros casos de asesinatos, sin esclarecer y fuera del alcance de las autoridades.
El crimen fue cometido a unas semanas de que el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, asuma el poder, y con ese hecho despreciable, se satura el ambiente de miedo y de zozobra.
El sentir del ciudadano común, es de temor e inseguridad; nadie le puede garantizar que no ocurrirá que en la calle o en algún lugar público, se desate una balacera que le cause daño a él o a sus familiares. Tampoco pueden asegurarle que de ocurrir, los culpables pagarán sus culpas como lo manda a la ley. El miedo se acompaña con la sensación de que la autoridad no existe o es incapaz de aplicar la ley; en el fondo de nosotros, pensamos que sólo contamos con nuestras propias fuerzas para defendernos o para hacer justicia. Estos sentimientos, han provocado en otros lugares del país y de Oaxaca, linchamientos o intentos de hacerlo. Los criminales, en cambio, encuentran una situación propicia para cometer impunemente sus actos ilegales contra quien se encuentre bajo su mira: la violencia en un estado de anomia, provoca más violencia.
Algunas organizaciones sociales que luchan por la defensa de los más vulnerables, se han pronunciado tímidamente contra los asesinatos. Quizás no sepan que en las actuales condiciones, aumenta el riesgo de que ellas y sus líderes sean posibles blancos de sus enemigos.
Hasta ahora, ninguna organización, salvo el MULT, por obvias razones, ha llamado a la movilización, y menos aún a la integración de un frente amplio contra la represión y la violencia; sus intereses particulares y sus diferencias, han prevalecido por encima de ese elemental principio de unidad en la lucha democrática.
Las embestidas contra los dirigentes de masas, van minando poco a poco las fuerzas del movimiento democratizador de la sociedad; tal es ahora el caso del MULT, su debilidad más evidente es la falta de cuadros formados que sustituyan gradualmente a la dirección histórica de ese movimiento. Con el asesinato de Heriberto Pazos, esa debilidad podría reflejarse en una crisis interna. La sola movilización y la disciplina, no resolverán el problema del MULT, será necesaria la construcción de su dirección colectiva, cohesionada, real, pero organizada de tal manera que se cuide la seguridad de todos y cada uno de sus integrantes. Las condiciones actuales de Oaxaca, le exigen al MULT actuar con suma responsabilidad de cara al movimiento popular.
Pero ni al MULT, ni a ninguna otra organización democrática, debe perdérsele de vista que, además de la lucha por esclarecer los hechos criminales y el castigo a los culpables del asesinato de Beto Pazos y de otros líderes sociales, está la urgencia de construir en Oaxaca la transición hacia la democracia. La violencia, el miedo y la desconfianza generalizados, no deben reducir la voluntad del pueblo a una simple alternancia en el poder.
Las organizaciones de masas requieren de un espacio de interlocución abierta con el poder legítimamente constituido; construir ese espacio es una tarea a realizar, para poder llegar a acuerdos y convertir las propuestas en líneas de acción de gobierno, de lo contrario, todo se agotará en movilizaciones de mucha presión pero de pocos resultados.
Será tarea del gobierno entrante facilitar la construcción de esos espacios de representación ciudadana que equilibren la presencia de organizaciones sociales, mujeres, empresarios, campesinos, obreros, profesionistas, artistas y todos los sectores que constituyen a la sociedad en Oaxaca. El plan de gobierno debe formularse como lo establece la ley vigente, en efecto; pero para ser un referente que dé lugar a una dinámica elaboración de las políticas públicas que derivarán del diálogo y el debate abiertos, entre los actores sociales y el gobierno, en el que la cámara de diputados local, deberá jugar un papel importante, para darle obligatoriedad normativa a los acuerdos.
Los partidos políticos, con garantía plena de sus derechos, deberán abandonar, si las tienen, sus aspiraciones de constituirse en aparatos de poder, para en cambio ser promotores de la participación social, estructuras organizadoras y defensoras del voto ciudadano y organismos garantes de plataformas políticas que den sentido a la pluralidad y a las opciones para construir buenos gobiernos. Si los partidos políticos no se pronuncian públicamente contra los asesinatos y por una transición hacia la democracia que imponga la ley y haga respetar la voluntad del pueblo, se convertirán tarde o temprano en cómplices de la violencia y en promotores de un poder sin fundamento en el pueblo.
Referencia especial necesita el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca: su fuerza puesta al servicio de la transición democrática y la independencia sindical, reclama además su definición por una educación para el pueblo, por una alianza clasista al servicio de los hijos de los trabajadores quienes exigen un servicio educativo que impulse su propio desarrollo y el de sus comunidades, por un servicio donde lo público no se limite al control gubernamental, sino enfatice la ciudadanización de la gobernabilidad del sistema educativo. El MDTEO debería pronunciarse por una independencia sindical que supone renunciar al neocorporativismo que es fuente de corrupción y debilita al movimiento, en lugar de fortalecerlo en sus aspiraciones democráticas.
Si el MDTEO no se decide por la transición democrática y por la independencia sindical, corre el riesgo de propiciar una espiral de anarquía que en nada ayudará al movimiento de masas y en cambio contribuirá al río revuelto, donde ganarán de nuevo los mismos de siempre.
Estas son apenas algunas tareas que debemos plantearnos si queremos que la violencia sea erradicada de Oaxaca, so pena, de no hacerlo, de sufrir un estallido social. Es cierto que en el norte del país la guerra de la contrainsurgencia del narcotráfico versus el Estado, ya comenzó; no demos lugar ahora a que en el sur de país la insurgencia de la pobreza, haga justicia con su propia mano, cuando ahora tenemos la oportunidad de construir la democracia.
A muchos nos duele lo que pasa en el estado y deseamos que por la irreparable pérdida del amigo y compañero, y por toda la sangre derramada, vayamos más allá del minuto de silencio y del puño en alto. Al menos eso espero.
Hasta siempre, Heriberto Pazos.
El crimen fue cometido a unas semanas de que el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, asuma el poder, y con ese hecho despreciable, se satura el ambiente de miedo y de zozobra.
El sentir del ciudadano común, es de temor e inseguridad; nadie le puede garantizar que no ocurrirá que en la calle o en algún lugar público, se desate una balacera que le cause daño a él o a sus familiares. Tampoco pueden asegurarle que de ocurrir, los culpables pagarán sus culpas como lo manda a la ley. El miedo se acompaña con la sensación de que la autoridad no existe o es incapaz de aplicar la ley; en el fondo de nosotros, pensamos que sólo contamos con nuestras propias fuerzas para defendernos o para hacer justicia. Estos sentimientos, han provocado en otros lugares del país y de Oaxaca, linchamientos o intentos de hacerlo. Los criminales, en cambio, encuentran una situación propicia para cometer impunemente sus actos ilegales contra quien se encuentre bajo su mira: la violencia en un estado de anomia, provoca más violencia.
Algunas organizaciones sociales que luchan por la defensa de los más vulnerables, se han pronunciado tímidamente contra los asesinatos. Quizás no sepan que en las actuales condiciones, aumenta el riesgo de que ellas y sus líderes sean posibles blancos de sus enemigos.
Hasta ahora, ninguna organización, salvo el MULT, por obvias razones, ha llamado a la movilización, y menos aún a la integración de un frente amplio contra la represión y la violencia; sus intereses particulares y sus diferencias, han prevalecido por encima de ese elemental principio de unidad en la lucha democrática.
Las embestidas contra los dirigentes de masas, van minando poco a poco las fuerzas del movimiento democratizador de la sociedad; tal es ahora el caso del MULT, su debilidad más evidente es la falta de cuadros formados que sustituyan gradualmente a la dirección histórica de ese movimiento. Con el asesinato de Heriberto Pazos, esa debilidad podría reflejarse en una crisis interna. La sola movilización y la disciplina, no resolverán el problema del MULT, será necesaria la construcción de su dirección colectiva, cohesionada, real, pero organizada de tal manera que se cuide la seguridad de todos y cada uno de sus integrantes. Las condiciones actuales de Oaxaca, le exigen al MULT actuar con suma responsabilidad de cara al movimiento popular.
Pero ni al MULT, ni a ninguna otra organización democrática, debe perdérsele de vista que, además de la lucha por esclarecer los hechos criminales y el castigo a los culpables del asesinato de Beto Pazos y de otros líderes sociales, está la urgencia de construir en Oaxaca la transición hacia la democracia. La violencia, el miedo y la desconfianza generalizados, no deben reducir la voluntad del pueblo a una simple alternancia en el poder.
Las organizaciones de masas requieren de un espacio de interlocución abierta con el poder legítimamente constituido; construir ese espacio es una tarea a realizar, para poder llegar a acuerdos y convertir las propuestas en líneas de acción de gobierno, de lo contrario, todo se agotará en movilizaciones de mucha presión pero de pocos resultados.
Será tarea del gobierno entrante facilitar la construcción de esos espacios de representación ciudadana que equilibren la presencia de organizaciones sociales, mujeres, empresarios, campesinos, obreros, profesionistas, artistas y todos los sectores que constituyen a la sociedad en Oaxaca. El plan de gobierno debe formularse como lo establece la ley vigente, en efecto; pero para ser un referente que dé lugar a una dinámica elaboración de las políticas públicas que derivarán del diálogo y el debate abiertos, entre los actores sociales y el gobierno, en el que la cámara de diputados local, deberá jugar un papel importante, para darle obligatoriedad normativa a los acuerdos.
Los partidos políticos, con garantía plena de sus derechos, deberán abandonar, si las tienen, sus aspiraciones de constituirse en aparatos de poder, para en cambio ser promotores de la participación social, estructuras organizadoras y defensoras del voto ciudadano y organismos garantes de plataformas políticas que den sentido a la pluralidad y a las opciones para construir buenos gobiernos. Si los partidos políticos no se pronuncian públicamente contra los asesinatos y por una transición hacia la democracia que imponga la ley y haga respetar la voluntad del pueblo, se convertirán tarde o temprano en cómplices de la violencia y en promotores de un poder sin fundamento en el pueblo.
Referencia especial necesita el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca: su fuerza puesta al servicio de la transición democrática y la independencia sindical, reclama además su definición por una educación para el pueblo, por una alianza clasista al servicio de los hijos de los trabajadores quienes exigen un servicio educativo que impulse su propio desarrollo y el de sus comunidades, por un servicio donde lo público no se limite al control gubernamental, sino enfatice la ciudadanización de la gobernabilidad del sistema educativo. El MDTEO debería pronunciarse por una independencia sindical que supone renunciar al neocorporativismo que es fuente de corrupción y debilita al movimiento, en lugar de fortalecerlo en sus aspiraciones democráticas.
Si el MDTEO no se decide por la transición democrática y por la independencia sindical, corre el riesgo de propiciar una espiral de anarquía que en nada ayudará al movimiento de masas y en cambio contribuirá al río revuelto, donde ganarán de nuevo los mismos de siempre.
Estas son apenas algunas tareas que debemos plantearnos si queremos que la violencia sea erradicada de Oaxaca, so pena, de no hacerlo, de sufrir un estallido social. Es cierto que en el norte del país la guerra de la contrainsurgencia del narcotráfico versus el Estado, ya comenzó; no demos lugar ahora a que en el sur de país la insurgencia de la pobreza, haga justicia con su propia mano, cuando ahora tenemos la oportunidad de construir la democracia.
A muchos nos duele lo que pasa en el estado y deseamos que por la irreparable pérdida del amigo y compañero, y por toda la sangre derramada, vayamos más allá del minuto de silencio y del puño en alto. Al menos eso espero.
Hasta siempre, Heriberto Pazos.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
CATÁSTROFES,VULNERABILIDAD Y DERECHO A LA EDUCACIÓN
Cuando hay un terremoto, una sequía y hambrunas, epidemias, o como ahora, inundaciones y derrumbes, tiende uno a consolarse pensando que las desgracias que sufrimos son inevitables,
porque la naturaleza no avisa ni distingue y arrasa a todos por igual. Pero no
siempre es así, aunque no lo parezca, la acción de la naturaleza no nos afecta
a todos por igual; por el contrario, lastima más a quienes menos tienen.
En la década de los setenta y aún después, en la de los años ochenta, sociólogos, antropólogos y economistas, al estudiar los desastres causados por terremotos, hambrunas e inundaciones, documentaron con
sorpresa, que era siempre la población más pobre la que más estragos sufría por
efecto de los fenómenos naturales. Otros patrones de afectación aparecían
cuando se comparaban raza, sexo, educación, etc.; siempre eran los
discriminados, los marginados o los menos educados, los que más daño sufrían.
Se usó entonces el término “vulnerabilidad” para referirse al
concepto que describía las condiciones
sociales de un individuo o grupo humano, que lo hacían más propenso a
sufrir desgracias, por los efectos de los fenómenos naturales, las crisis
sociales, las políticas o económicas. Se puede afirmar ahora, que ciertos
individuos o sectores de la sociedad, son más o menos vulnerables, a la acción
de eventos catastróficos y ello no depende sólo de la fuerza destructora de la
naturaleza.
Hoy en Oaxaca y en otras partes del país, podemos observar cómo las inundaciones y derrumbes provocados por el temporal, afectan más a los más pobres. Por lo regular, la posición social y económica elevada, ocasiona
que los mejores terrenos, los más productivos, los mejor ubicados, los menos
riesgosos, los adquieran quienes gozan de esa posición o aquellos que, dentro
de las comunidades humanas, controlan las relaciones de poder. Los pobres, los
marginados, son desplazados a los lugares de mayor riesgo o las tierras menos productivas.
Que no nos sorprenda que en un recuento de daños, sean los más jodidos las víctimas en un mayor porcentaje que los menos jodidos. Pero además de los desastres, si no se toman las medidas
adecuadas, se tienden a incrementar y acumular las vulnerabilidades de la
población en desgracia. Por eso es frecuente que, pasada una contingencia, le
sigan epidemias, escases de alimentos, de recursos para producir o serias
dificultades para recuperar los daños y destrozos causados; y todo esto repercute
en desastres para la gente.
Una adecuada intervención durante y después de una crisis, además de satisfacer las necesidades inmediatas de la población afectada, es incrementar sus capacidades de recuperación, una de
ellas, muy importante por cierto, es la educación. ¿Cómo han intervenido las
autoridades en Oaxaca? Tomemos el caso precisamente de la educación:
Ante las desgracias ocasionadas por las torrenciales y persistentes lluvias, la autoridad educativa decidió permitirles a los padres de familia que sean ellos quienes acuerden si sus
hijos asistirán o no a la escuela:
“Indicó que la medida deberá ser decidida (sic), como en otros casos, de manera concertada entre directores, maestros, padres de familia y autoridades municipales, a fin de evitar ausentismos injustificados, que
afecten el trabajo de alumnos y maestros.” (Tiempo de Oaxaca. Año X; Nº
3072, del 29 de septiembre del 2010, p.10).
“Precisó que lo fundamental es proteger la seguridad de los estudiantes y evitar exponerlos en (sic) peligro, por ello, en estos casos, las inasistencias serán plenamente justificadas.” (Loc.cit)
Es muy importante garantizar la seguridad de los niños si la escuela está en un lugar de riesgo, pero no es suficiente, porque se gana quizás en seguridad (lo cual es discutible dadas las
condiciones de las comunidades marginadas); pero se permite que la vulnerabilidad de base se incremente por
la falta de educación y esto haga a la
población en el futuro, todavía más vulnerable.
Por otra parte, es una manera fácil de evadir responsabilidades dejar que los padres decidan si dejan a sus hijos ir a la escuela o no. ¿Y la autoridad qué decide entonces? ¿Cuántos días no irán? ¿Dejarán de ir unos, más días que otros a la escuela? ¿Qué harán los
niños en tanto pasa la contingencia? ¿Cómo se evaluarán al finalizar el ciclo
escolar? ¿Qué harán en tanto, los maestros?
Lo declarado por la autoridad educativa, en cuanto a permitirle a los padres de familia (con la participación de los maestros y las autoridades locales, o sin ellos), modificar el calendario
escolar, lesiona de hecho la obligatoriedad de la educación y el derecho a su
disfrute.
En otros casos, como se hizo en el 2006, donde la causa de la contingencia no fue un fenómeno natural, sino político, la autoridad educativa estableció, en acuerdo con la SEP, un “ajuste de calendario”. En el
caso presente, donde la causa en un fenómeno natural, se podría prestar el
servicio bajo un calendario B para zonas afectadas y mantener un calendario A, que sería el
originalmente aprobado, para las zonas donde no haya problemas.
Un calendario B para las zonas de riesgo, debe establecer las fechas de suspensión y los días adicionales en que alumnos y maestros habrán de desarrollar lo que falte del programa escolar o los
procedimientos para compensar el tiempo perdido.
Se puede echar mano de múltiples recursos para apoyar a los niños, tales como: la tele-primaria, o la asesoría educativa por televisión (que no es la telesecundaria), la radio educativa o
hasta el internet, todo depende de dónde sea posible aplicar estos recursos. Para las
zonas muy marginadas, campamentos de refugiados, albergues, etc., se podrían
movilizar brigadas del personal de CONAFE, institución que tiene amplia
experiencia para operar en estos casos, o usar DVD y sus reproductores para
asesorar a los jóvenes de la comunidad y estos apoyen a los escolares.
Como quiera que sea, lo importante es no dejar a los niños sin alternativas, ni materiales, sobre todo en un estado como el de Oaxaca, donde la inasistencia de los maestros
por sus paros y huelgas, afecta ya a varias generaciones, acumulando
dramáticamente el nivel de vulnerabilidad de los marginados, quienes encima,
cuando hay clases, sólo aprenden, según el Banco Mundial, sólo el 40% de lo que
debieran.
Al parecer no tenemos planes para hacer frente una crisis, que además de los efectos físicos, lleva a que se limite nuestro derecho a la educación. Ya
es hora de afrontar con mayor responsabilidad los hechos.
porque la naturaleza no avisa ni distingue y arrasa a todos por igual. Pero no
siempre es así, aunque no lo parezca, la acción de la naturaleza no nos afecta
a todos por igual; por el contrario, lastima más a quienes menos tienen.
En la década de los setenta y aún después, en la de los años ochenta, sociólogos, antropólogos y economistas, al estudiar los desastres causados por terremotos, hambrunas e inundaciones, documentaron con
sorpresa, que era siempre la población más pobre la que más estragos sufría por
efecto de los fenómenos naturales. Otros patrones de afectación aparecían
cuando se comparaban raza, sexo, educación, etc.; siempre eran los
discriminados, los marginados o los menos educados, los que más daño sufrían.
Se usó entonces el término “vulnerabilidad” para referirse al
concepto que describía las condiciones
sociales de un individuo o grupo humano, que lo hacían más propenso a
sufrir desgracias, por los efectos de los fenómenos naturales, las crisis
sociales, las políticas o económicas. Se puede afirmar ahora, que ciertos
individuos o sectores de la sociedad, son más o menos vulnerables, a la acción
de eventos catastróficos y ello no depende sólo de la fuerza destructora de la
naturaleza.
Hoy en Oaxaca y en otras partes del país, podemos observar cómo las inundaciones y derrumbes provocados por el temporal, afectan más a los más pobres. Por lo regular, la posición social y económica elevada, ocasiona
que los mejores terrenos, los más productivos, los mejor ubicados, los menos
riesgosos, los adquieran quienes gozan de esa posición o aquellos que, dentro
de las comunidades humanas, controlan las relaciones de poder. Los pobres, los
marginados, son desplazados a los lugares de mayor riesgo o las tierras menos productivas.
Que no nos sorprenda que en un recuento de daños, sean los más jodidos las víctimas en un mayor porcentaje que los menos jodidos. Pero además de los desastres, si no se toman las medidas
adecuadas, se tienden a incrementar y acumular las vulnerabilidades de la
población en desgracia. Por eso es frecuente que, pasada una contingencia, le
sigan epidemias, escases de alimentos, de recursos para producir o serias
dificultades para recuperar los daños y destrozos causados; y todo esto repercute
en desastres para la gente.
Una adecuada intervención durante y después de una crisis, además de satisfacer las necesidades inmediatas de la población afectada, es incrementar sus capacidades de recuperación, una de
ellas, muy importante por cierto, es la educación. ¿Cómo han intervenido las
autoridades en Oaxaca? Tomemos el caso precisamente de la educación:
Ante las desgracias ocasionadas por las torrenciales y persistentes lluvias, la autoridad educativa decidió permitirles a los padres de familia que sean ellos quienes acuerden si sus
hijos asistirán o no a la escuela:
“Indicó que la medida deberá ser decidida (sic), como en otros casos, de manera concertada entre directores, maestros, padres de familia y autoridades municipales, a fin de evitar ausentismos injustificados, que
afecten el trabajo de alumnos y maestros.” (Tiempo de Oaxaca. Año X; Nº
3072, del 29 de septiembre del 2010, p.10).
“Precisó que lo fundamental es proteger la seguridad de los estudiantes y evitar exponerlos en (sic) peligro, por ello, en estos casos, las inasistencias serán plenamente justificadas.” (Loc.cit)
Es muy importante garantizar la seguridad de los niños si la escuela está en un lugar de riesgo, pero no es suficiente, porque se gana quizás en seguridad (lo cual es discutible dadas las
condiciones de las comunidades marginadas); pero se permite que la vulnerabilidad de base se incremente por
la falta de educación y esto haga a la
población en el futuro, todavía más vulnerable.
Por otra parte, es una manera fácil de evadir responsabilidades dejar que los padres decidan si dejan a sus hijos ir a la escuela o no. ¿Y la autoridad qué decide entonces? ¿Cuántos días no irán? ¿Dejarán de ir unos, más días que otros a la escuela? ¿Qué harán los
niños en tanto pasa la contingencia? ¿Cómo se evaluarán al finalizar el ciclo
escolar? ¿Qué harán en tanto, los maestros?
Lo declarado por la autoridad educativa, en cuanto a permitirle a los padres de familia (con la participación de los maestros y las autoridades locales, o sin ellos), modificar el calendario
escolar, lesiona de hecho la obligatoriedad de la educación y el derecho a su
disfrute.
En otros casos, como se hizo en el 2006, donde la causa de la contingencia no fue un fenómeno natural, sino político, la autoridad educativa estableció, en acuerdo con la SEP, un “ajuste de calendario”. En el
caso presente, donde la causa en un fenómeno natural, se podría prestar el
servicio bajo un calendario B para zonas afectadas y mantener un calendario A, que sería el
originalmente aprobado, para las zonas donde no haya problemas.
Un calendario B para las zonas de riesgo, debe establecer las fechas de suspensión y los días adicionales en que alumnos y maestros habrán de desarrollar lo que falte del programa escolar o los
procedimientos para compensar el tiempo perdido.
Se puede echar mano de múltiples recursos para apoyar a los niños, tales como: la tele-primaria, o la asesoría educativa por televisión (que no es la telesecundaria), la radio educativa o
hasta el internet, todo depende de dónde sea posible aplicar estos recursos. Para las
zonas muy marginadas, campamentos de refugiados, albergues, etc., se podrían
movilizar brigadas del personal de CONAFE, institución que tiene amplia
experiencia para operar en estos casos, o usar DVD y sus reproductores para
asesorar a los jóvenes de la comunidad y estos apoyen a los escolares.
Como quiera que sea, lo importante es no dejar a los niños sin alternativas, ni materiales, sobre todo en un estado como el de Oaxaca, donde la inasistencia de los maestros
por sus paros y huelgas, afecta ya a varias generaciones, acumulando
dramáticamente el nivel de vulnerabilidad de los marginados, quienes encima,
cuando hay clases, sólo aprenden, según el Banco Mundial, sólo el 40% de lo que
debieran.
Al parecer no tenemos planes para hacer frente una crisis, que además de los efectos físicos, lleva a que se limite nuestro derecho a la educación. Ya
es hora de afrontar con mayor responsabilidad los hechos.
lunes, 27 de septiembre de 2010
VELAS PA' CUANDO SON
El temporal que azota al país ha dejado un elevado número de damnificados, los hermanos de Veracruz, Chiapas, Tabasco y otras regiones de México, sufren la pérdida de vidas y bienes materiales. Lo peor del caso es que quienes resultan más afectados son los que menos tienen. La desgracia se regodea con los más vulnerables.
El Istmo de Tehuantepec, cuya población está, de algún modo, más preparada para afrontar estos desastres, hoy no siente ya lo duro sino lo tupido; y por si fuera poco, la ayuda parece no llegar ni con oportunidad ni en lo necesario. El gobierno del estado poco o nada puede hacer: con recursos insuficientes y acotado por la burocracia, su respuesta es lenta y en algunos casos ineficaz. Las grandes empresas privadas hacen su esfuerzo, pero la gente parece desconfiar de sus iniciativas; por otra parte la Benemérita Cruz Roja no recibe el suficiente apoyo por parte de la población.
El verdadero desgaste de la sociedad en México se siente ahora que hay que hacer algo por los demás; el individualismo nos ahoga más que las aguas y es urgente recuperar nuestro sentido de solidaridad. Una sociedad más humana se construye en la adversidad, asumiendo un compromiso con quienes están en desgracia o corren algún riesgo.
Las sociedades más desarrolladas y cohesionadas, tienen un alto sentido de confianza en los demás, misma que lleva a la cooperación con los otros, con los que menos tienen, con los vulnerables, con los pobres. El desarrollo de un pueblo no se mide sólo por su capacidad de producir riqueza material, sino por su nivel de solidaridad social. Lo otro es una consecuencia de esto último
Ahora que nuestros hermanos que viven en el Istmo de Tehuantepec nos necesitan, debemos poner en práctica al menos la más elemental solidaridad, aquella que se basa en la ayuda recíproca condicionada: hoy por ti, mañana por mí. La adversidad que hoy sufrimos nos debe servir para construir los cimientos de una sociedad en la que nuestras relaciones se funden en la reciprocidad, la confianza y la cooperación.
Los istmeños radicados en Oaxaca, en el Distrito Federal y en otras partes de México y del mundo, tenemos una red derivada de nuestra cultura que debemos aprovechar para ayudar a nuestros hermanos: las sociedades de las velas. Si las sociedades de las velas se coordinan y comunican entre sí, los esfuerzos que hagamos se potenciarán y serán más eficaces para ayudar a nuestros hermanos.
Los representantes de las diferentes asociaciones de velas en Oaxaca, por ejemplo, deben reunirse y mantener una constante comunicación para tomar decisiones acerca de cómo ayudar a nuestros hermanos. Podríamos aprovechar la maravilla que es internet para mantener contacto y evaluar los apoyos y las necesidades que tienen y tendrán nuestros paisanos
La página de "Zapotecos del Mundo"(http://zapotecosdelmundo.ning.com) podría ser de gran ayuda para mantener la comunicación. No se trata de pensar sólo en nuestros hermanos del Istmo, sino en todos aquellos que en cualquier parte del país necesiten de nuestra ayuda, se trata de poner en movimiento nuestra cultura de la solidaridad para superar estos momentos difíciles y emplear la estructura social de nuestras fiestas para cantar aún en la desgracia; pero juntos y parejo. Después de todo, las velas pa`cuando son. No estamos solos, nos tenemos a nosotros mismos, sólo falta organizarnos.
El Istmo de Tehuantepec, cuya población está, de algún modo, más preparada para afrontar estos desastres, hoy no siente ya lo duro sino lo tupido; y por si fuera poco, la ayuda parece no llegar ni con oportunidad ni en lo necesario. El gobierno del estado poco o nada puede hacer: con recursos insuficientes y acotado por la burocracia, su respuesta es lenta y en algunos casos ineficaz. Las grandes empresas privadas hacen su esfuerzo, pero la gente parece desconfiar de sus iniciativas; por otra parte la Benemérita Cruz Roja no recibe el suficiente apoyo por parte de la población.
El verdadero desgaste de la sociedad en México se siente ahora que hay que hacer algo por los demás; el individualismo nos ahoga más que las aguas y es urgente recuperar nuestro sentido de solidaridad. Una sociedad más humana se construye en la adversidad, asumiendo un compromiso con quienes están en desgracia o corren algún riesgo.
Las sociedades más desarrolladas y cohesionadas, tienen un alto sentido de confianza en los demás, misma que lleva a la cooperación con los otros, con los que menos tienen, con los vulnerables, con los pobres. El desarrollo de un pueblo no se mide sólo por su capacidad de producir riqueza material, sino por su nivel de solidaridad social. Lo otro es una consecuencia de esto último
Ahora que nuestros hermanos que viven en el Istmo de Tehuantepec nos necesitan, debemos poner en práctica al menos la más elemental solidaridad, aquella que se basa en la ayuda recíproca condicionada: hoy por ti, mañana por mí. La adversidad que hoy sufrimos nos debe servir para construir los cimientos de una sociedad en la que nuestras relaciones se funden en la reciprocidad, la confianza y la cooperación.
Los istmeños radicados en Oaxaca, en el Distrito Federal y en otras partes de México y del mundo, tenemos una red derivada de nuestra cultura que debemos aprovechar para ayudar a nuestros hermanos: las sociedades de las velas. Si las sociedades de las velas se coordinan y comunican entre sí, los esfuerzos que hagamos se potenciarán y serán más eficaces para ayudar a nuestros hermanos.
Los representantes de las diferentes asociaciones de velas en Oaxaca, por ejemplo, deben reunirse y mantener una constante comunicación para tomar decisiones acerca de cómo ayudar a nuestros hermanos. Podríamos aprovechar la maravilla que es internet para mantener contacto y evaluar los apoyos y las necesidades que tienen y tendrán nuestros paisanos
La página de "Zapotecos del Mundo"(http://zapotecosdelmundo.ning.com) podría ser de gran ayuda para mantener la comunicación. No se trata de pensar sólo en nuestros hermanos del Istmo, sino en todos aquellos que en cualquier parte del país necesiten de nuestra ayuda, se trata de poner en movimiento nuestra cultura de la solidaridad para superar estos momentos difíciles y emplear la estructura social de nuestras fiestas para cantar aún en la desgracia; pero juntos y parejo. Después de todo, las velas pa`cuando son. No estamos solos, nos tenemos a nosotros mismos, sólo falta organizarnos.
jueves, 16 de septiembre de 2010
EL NUEVO GOBIERNO Y EL RUMBO DE LA EDUCACIÓN EN OAXACA: EL INFORME DE LA ONU
El 17 de agosto el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, dio el banderazo para iniciar el programa de planeación democrática participativa. Con esta actividad, entiendo que se pretende, entre otras cosas, definir el rumbo que debe tomar la educación en el estado de Oaxaca. Consultar a la sociedad civil, es un esfuerzo que se debe reconocer por su buena intención, pero que implica el riesgo de generar expectativas que después no se cumplan.
No me gustan los foros de consulta ciudadana donde los temas son tan generales, que se puede decir todo o nada. En mi opinión debería hacerse sobre temas específicos de modo que las conclusiones queden suficientemente claras y no se pierdan en agregados o “resúmenes” convenientes.
De cualquier forma, para reforzar los trabajos de planeación, convendría tener presentes algunos referentes importantes, que constituyen diagnósticos bien fundamentados sobre la situación del sistema educativo nacional y lo que es recomendable hacer para superar sus deficiencias.
Uno de esos referentes es el informe que, sobre México, presentó el Dr. Vernor Muñoz a la Organización de las Naciones Unidas (Ver: Informe Vernor Muñoz. A/hrc/14/25/Add.4. 2 de junio de 2010. ONU).
El Dr. Muñoz identifica varios aspectos de la problemática educativa nacional, tomando como referencia el concepto de Derecho a la Educación, tal y como se entiende éste en los instrumentos de derecho internacional (suscritos por el gobierno mexicano) y en las leyes de nuestro país, que constituyen el marco legal al que debe someter su actuar el gobierno de la república, incluyendo al de Oaxaca.
Destaca en el informe lo que el Relator Especial de la ONU llama la complejidad del aparato educativo mexicano, mismo que caracteriza como un conjunto de servicios públicos y privados, que no constituyen realmente un sistema; sino una especie de agregados que, con frecuencia, se ponen obstáculos entre sí en vez de complementarse. Un caso especial de la complejidad de este aparato, es la relación SEP-SNTE, que el autor califica como una simbiosis atípica que limita el desarrollo de la educación en el país.
Otro aspecto importante, es lo que llama el Dr. Muñoz “asimetrías estructurales”, y que refieren a las profundas desigualdades educativas que se observan: entre las zonas rurales del país y las urbanas; entre lo indígena y lo no indígena; entre la amplia oferta de educación y el hecho de que haya un importante número de mexicanos sin educación básica completa ( 46% de la población nacional y el 66% de la población indígena); en fin, entre lo que establece la ley y lo que se hace.
Complejidad y asimetrías, serían los problemas estructurales del aparato educativo mexicano, causas inmediatas, que no últimas, de los males que aquejan a la educación en México.
En el informe se enumeran las deficiencias del aparato educativo que el Relator Especial consideró destacables:
Una de estas deficiencias, es la forma en cómo se da el servicio educativo a las comunidades de menos de 100 habitantes, que por cierto, son el 70% de las localidades en el medio rural.
En estas comunidades se ofrece una educación pobre y con ello se confirma el círculo vicioso que condena a los pobres a recibir una pobre educación: instructores voluntarios con deficiencias en su preparación pedagógica, falta de infraestructura y equipamiento, programas educativos inapropiados e inadecuados para el contexto cultural de la población, ausentismo de los maestros, bajo aprovechamiento escolar (sólo el 40% de lo que deberían aprender) y por tanto poca esperanza de alcanzar niveles superiores de escolaridad, menos del 1% llega a la universidad, cuando el promedio nacional es del 17% de los que ingresan a la primaria.
Otro problema es la atención deficiente a la población migrante que, de acuerdo con el informe que comento, contribuyen con un 70% del llamado rezago educativo en educación básica. Algo similar sucede con la atención a los niños y jóvenes con alguna discapacidad.
Los servicios para la población discapacitada, no cuentan con la infraestructura y el equipamiento adecuados y sufren de la incompatibilidad de dos orientaciones distintas: integración vs educación especial, mismas que hacen incongruentes las curricula de ese nivel educativo. Por otra parte, los programas de educación especial adolecen de apoyos para lo padres de familia, que a veces, prefieren dejar a sus hijos en casa, porque se les dificulta llevarlos al centro de atención.
La calidad de la educación es un tema de particular importancia en el informe del Dr. Muñoz, quien propone que debe elevarse al rango de un componente del derecho a la educación. Señala el autor, que en México el programa Alianza por la Calidad de la Educación, no atiende a la complejidad ni a las asimetrías del aparato educativo mexicano y más bien tiende a profundizarlas. En ese mismo tema de la calidad, señala que la aplicación de pruebas estandarizadas ( ENLACE, EXCALE, PISA), no toman en cuenta la diversidad cultural ni las asimetrías estructurales del aparato educativo mexicano, por lo que tienden a presentar al maestro como el único responsable del bajo desempeño de sus alumnos y su situación de atraso.
La participación social es otro de los grandes problemas de la educación en nuestro país. Los consejos de participación social que establece la ley general de educación, no operan, o lo hacen con muchas deficiencias y limitaciones. Para el autor del informe, no se trata de que la sociedad civil se haga cargo de las necesidades de la escuela, su participación debe ir más allá, hasta cubrir todos los ámbitos y procesos del sistema educativo.
Por último, señala el riesgo de abandonar a la educación mexicana a la inercia deshumanizante de los actuales contenidos educativos, una de las tareas de la educación, dice el autor del informe, es dignificar la vida.
Después de analizar la problemática de la educación en México, el Dr. Muñoz formula algunas recomendaciones que enseguida resumo:
a. Incrementar el presupuesto para la educación hasta alcanzar el 8% y erradicar los costos que se cargan a los padres de familia, sobre todo en las zonas rurales e indígenas.
b. Medidas extraordinarias para combatir el rezago educativo en personas mayores de 15 años de edad.
c. Mayor presupuesto para la educación indígena e intercultural y hacer de esta última una política de Estado para establecer legalmente el compromiso de avanzar hacia una sociedad incluyente y pluricultural.
d. Mayor presupuesto y apoyo para la educación especial.
e. Fortalecer la educación humanista en todos los niveles e instrumentar un programa de educación en derechos humanos, igualdad de género y diversidad lingüística y cultural.
f. Someter a consulta de la sociedad el programa de la ACE para proponer su reforma.
g. Pasar los servicios de CONAFE a la SEP e instrumentar los programas adecuados para dar educación de calidad a las poblaciones marginadas.
h. Fortalecer los servicios de educación a los migrantes y ampliarlos a la secundaria, así como proporcionar apoyo a los padres jornaleros.
i. Fortalecer la participación social en todos los ámbitos y procesos educativos.
j. Desarrollar programas orientados a lograr la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación, el estímulo a la participación y el control de legalidad en torno al desarrollo de políticas educativas, basadas en los derechos humanos.
k. Fortalecer la autonomía de los órganos de evaluación, dotarlos de recursos y de un marco legal que garantice su adecuada operación.
l. Construir una instancia intrasectorial encargada de analizar los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y recomendar acciones y políticas para superar las deficiencias del sistema educativo.
m. Proponer al gobierno federal el reconocimiento y legitimación de los movimientos sindicales independientes de los trabajadores de la educación.
n. Garantizar que los servicios del registro civil sean gratuitos en las zonas marginadas.
o. Realizar estudios de la situación educativa de los pueblos indígenas en particular y de la población rural marginada en general.
Todas estas recomendaciones, pueden situarse como referencias para tratar el caso de Oaxaca y analizar su procedencia. Proponer esto no es gratuito ni un mero ejercicio académico, el informe del Dr. Muñoz constituye de hecho, un conjunto de observaciones al gobierno mexicano, por incumplir los compromisos que asumió al signar instrumentos de derecho internacional, mismos que forman parte del sistema jurídico mexicano y que por ese mismo hecho, son fuente de obligaciones ineludibles.
Del análisis de las recomendaciones del informe Vernor Muñoz, puede inferirse que el mejoramiento de la educación en México, requiere de plantearse los siguientes objetivos:
1. Reordenamiento de los servicios educativos, para configurar un sistema congruente, integrado, funcional, eficiente y de calidad.
2. Fortalecer las políticas de equidad para mejorar los servicios destinados a la población vulnerable (rural-marginal, indígena, discapacitada, migrante y en particular las mujeres).
3. Orientar las reformas curriculares de modo que se fortalezcan los contenidos humanistas (filosofía, historia, literatura, derechos humanos, etc.) en todos los niveles educativos.
4. Fortalecer y dar autonomía a los órganos de evaluación e impulsar la investigación e innovación en educación.
5. Reformar el marco normativo laboral de modo que se reconozca la pluralidad sindicalista de los trabajadores de la educación y
6. Fortalecer el derecho a la educación mediante el diseño de los instrumentos jurídicos que hagan posible su exigibilidad y judicialización.
Estos seis objetivos, bien podrían marcar el rumbo de la educación en Oaxaca, habrá que someterlos a consulta de cara a la sociedad civil, que es lo que pretendo hacer con su publicación.
No me gustan los foros de consulta ciudadana donde los temas son tan generales, que se puede decir todo o nada. En mi opinión debería hacerse sobre temas específicos de modo que las conclusiones queden suficientemente claras y no se pierdan en agregados o “resúmenes” convenientes.
De cualquier forma, para reforzar los trabajos de planeación, convendría tener presentes algunos referentes importantes, que constituyen diagnósticos bien fundamentados sobre la situación del sistema educativo nacional y lo que es recomendable hacer para superar sus deficiencias.
Uno de esos referentes es el informe que, sobre México, presentó el Dr. Vernor Muñoz a la Organización de las Naciones Unidas (Ver: Informe Vernor Muñoz. A/hrc/14/25/Add.4. 2 de junio de 2010. ONU).
El Dr. Muñoz identifica varios aspectos de la problemática educativa nacional, tomando como referencia el concepto de Derecho a la Educación, tal y como se entiende éste en los instrumentos de derecho internacional (suscritos por el gobierno mexicano) y en las leyes de nuestro país, que constituyen el marco legal al que debe someter su actuar el gobierno de la república, incluyendo al de Oaxaca.
Destaca en el informe lo que el Relator Especial de la ONU llama la complejidad del aparato educativo mexicano, mismo que caracteriza como un conjunto de servicios públicos y privados, que no constituyen realmente un sistema; sino una especie de agregados que, con frecuencia, se ponen obstáculos entre sí en vez de complementarse. Un caso especial de la complejidad de este aparato, es la relación SEP-SNTE, que el autor califica como una simbiosis atípica que limita el desarrollo de la educación en el país.
Otro aspecto importante, es lo que llama el Dr. Muñoz “asimetrías estructurales”, y que refieren a las profundas desigualdades educativas que se observan: entre las zonas rurales del país y las urbanas; entre lo indígena y lo no indígena; entre la amplia oferta de educación y el hecho de que haya un importante número de mexicanos sin educación básica completa ( 46% de la población nacional y el 66% de la población indígena); en fin, entre lo que establece la ley y lo que se hace.
Complejidad y asimetrías, serían los problemas estructurales del aparato educativo mexicano, causas inmediatas, que no últimas, de los males que aquejan a la educación en México.
En el informe se enumeran las deficiencias del aparato educativo que el Relator Especial consideró destacables:
Una de estas deficiencias, es la forma en cómo se da el servicio educativo a las comunidades de menos de 100 habitantes, que por cierto, son el 70% de las localidades en el medio rural.
En estas comunidades se ofrece una educación pobre y con ello se confirma el círculo vicioso que condena a los pobres a recibir una pobre educación: instructores voluntarios con deficiencias en su preparación pedagógica, falta de infraestructura y equipamiento, programas educativos inapropiados e inadecuados para el contexto cultural de la población, ausentismo de los maestros, bajo aprovechamiento escolar (sólo el 40% de lo que deberían aprender) y por tanto poca esperanza de alcanzar niveles superiores de escolaridad, menos del 1% llega a la universidad, cuando el promedio nacional es del 17% de los que ingresan a la primaria.
Otro problema es la atención deficiente a la población migrante que, de acuerdo con el informe que comento, contribuyen con un 70% del llamado rezago educativo en educación básica. Algo similar sucede con la atención a los niños y jóvenes con alguna discapacidad.
Los servicios para la población discapacitada, no cuentan con la infraestructura y el equipamiento adecuados y sufren de la incompatibilidad de dos orientaciones distintas: integración vs educación especial, mismas que hacen incongruentes las curricula de ese nivel educativo. Por otra parte, los programas de educación especial adolecen de apoyos para lo padres de familia, que a veces, prefieren dejar a sus hijos en casa, porque se les dificulta llevarlos al centro de atención.
La calidad de la educación es un tema de particular importancia en el informe del Dr. Muñoz, quien propone que debe elevarse al rango de un componente del derecho a la educación. Señala el autor, que en México el programa Alianza por la Calidad de la Educación, no atiende a la complejidad ni a las asimetrías del aparato educativo mexicano y más bien tiende a profundizarlas. En ese mismo tema de la calidad, señala que la aplicación de pruebas estandarizadas ( ENLACE, EXCALE, PISA), no toman en cuenta la diversidad cultural ni las asimetrías estructurales del aparato educativo mexicano, por lo que tienden a presentar al maestro como el único responsable del bajo desempeño de sus alumnos y su situación de atraso.
La participación social es otro de los grandes problemas de la educación en nuestro país. Los consejos de participación social que establece la ley general de educación, no operan, o lo hacen con muchas deficiencias y limitaciones. Para el autor del informe, no se trata de que la sociedad civil se haga cargo de las necesidades de la escuela, su participación debe ir más allá, hasta cubrir todos los ámbitos y procesos del sistema educativo.
Por último, señala el riesgo de abandonar a la educación mexicana a la inercia deshumanizante de los actuales contenidos educativos, una de las tareas de la educación, dice el autor del informe, es dignificar la vida.
Después de analizar la problemática de la educación en México, el Dr. Muñoz formula algunas recomendaciones que enseguida resumo:
a. Incrementar el presupuesto para la educación hasta alcanzar el 8% y erradicar los costos que se cargan a los padres de familia, sobre todo en las zonas rurales e indígenas.
b. Medidas extraordinarias para combatir el rezago educativo en personas mayores de 15 años de edad.
c. Mayor presupuesto para la educación indígena e intercultural y hacer de esta última una política de Estado para establecer legalmente el compromiso de avanzar hacia una sociedad incluyente y pluricultural.
d. Mayor presupuesto y apoyo para la educación especial.
e. Fortalecer la educación humanista en todos los niveles e instrumentar un programa de educación en derechos humanos, igualdad de género y diversidad lingüística y cultural.
f. Someter a consulta de la sociedad el programa de la ACE para proponer su reforma.
g. Pasar los servicios de CONAFE a la SEP e instrumentar los programas adecuados para dar educación de calidad a las poblaciones marginadas.
h. Fortalecer los servicios de educación a los migrantes y ampliarlos a la secundaria, así como proporcionar apoyo a los padres jornaleros.
i. Fortalecer la participación social en todos los ámbitos y procesos educativos.
j. Desarrollar programas orientados a lograr la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación, el estímulo a la participación y el control de legalidad en torno al desarrollo de políticas educativas, basadas en los derechos humanos.
k. Fortalecer la autonomía de los órganos de evaluación, dotarlos de recursos y de un marco legal que garantice su adecuada operación.
l. Construir una instancia intrasectorial encargada de analizar los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y recomendar acciones y políticas para superar las deficiencias del sistema educativo.
m. Proponer al gobierno federal el reconocimiento y legitimación de los movimientos sindicales independientes de los trabajadores de la educación.
n. Garantizar que los servicios del registro civil sean gratuitos en las zonas marginadas.
o. Realizar estudios de la situación educativa de los pueblos indígenas en particular y de la población rural marginada en general.
Todas estas recomendaciones, pueden situarse como referencias para tratar el caso de Oaxaca y analizar su procedencia. Proponer esto no es gratuito ni un mero ejercicio académico, el informe del Dr. Muñoz constituye de hecho, un conjunto de observaciones al gobierno mexicano, por incumplir los compromisos que asumió al signar instrumentos de derecho internacional, mismos que forman parte del sistema jurídico mexicano y que por ese mismo hecho, son fuente de obligaciones ineludibles.
Del análisis de las recomendaciones del informe Vernor Muñoz, puede inferirse que el mejoramiento de la educación en México, requiere de plantearse los siguientes objetivos:
1. Reordenamiento de los servicios educativos, para configurar un sistema congruente, integrado, funcional, eficiente y de calidad.
2. Fortalecer las políticas de equidad para mejorar los servicios destinados a la población vulnerable (rural-marginal, indígena, discapacitada, migrante y en particular las mujeres).
3. Orientar las reformas curriculares de modo que se fortalezcan los contenidos humanistas (filosofía, historia, literatura, derechos humanos, etc.) en todos los niveles educativos.
4. Fortalecer y dar autonomía a los órganos de evaluación e impulsar la investigación e innovación en educación.
5. Reformar el marco normativo laboral de modo que se reconozca la pluralidad sindicalista de los trabajadores de la educación y
6. Fortalecer el derecho a la educación mediante el diseño de los instrumentos jurídicos que hagan posible su exigibilidad y judicialización.
Estos seis objetivos, bien podrían marcar el rumbo de la educación en Oaxaca, habrá que someterlos a consulta de cara a la sociedad civil, que es lo que pretendo hacer con su publicación.
OAXACA Y LAS METAS EDUCATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE LOS BICENTENARIOS
Mientras en todo México celebramos el 15 de septiembre el bicentenario del inicio de la guerra de independencia, en Buenos Aires, Argentina, culminó el Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021, que inició el día 13 de este mes, y como he anotado, clausuró sus trabajos ayer.
En el congreso se discutió una amplia agenda temática; pero el centro de las reflexiones fue lo que se propone en las Metas 2021 para la generación de los bicentenarios. El documento inicial de la Metas, fue publicado en el 2008 y después de más de dos años de discusiones, análisis y debates, el documento final fue presentado este año y constituye un material de referencia obligado para todos los gobiernos de la región y para la definición de las políticas educativas de sus países y provincias.
El gobierno de México suscribió la propuesta inicial de las metas para la generación de los bicentenarios, seguramente suscribirá también el próximo mes de diciembre, el documento en su versión final y con ello, nuestro país asumirá el compromiso internacional de contribuir al logro de las metas.
La mayoría de los estados del sur-sureste de México y en particular Oaxaca, en tanto que son los que mayores rezagos educativos presentan, deben analizar las propuestas de las Metas 2021 e instrumentar las acciones que permitan avanzar hacia el logro de los propósitos definidos para la región. Las metas a lograr en el 2021 para la generación de los bicentenarios son las siguientes:
Meta general primera
Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora
Meta general segunda
Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación
Meta general tercera
Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo
Meta general cuarta
Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar el acceso a la educación secundaria superior
Meta general quinta
Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar
Meta general sexta
Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnico-profesional (etp)
Meta general séptima
Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida
Meta general octava
Fortalecer la profesión docente
Meta general novena
Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica
Meta general décima
Invertir más e invertir mejor
Meta general décimo primera
Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del proyecto «metas educativas 2021»
El documento donde se justifican las metas anteriores y se explican sus alcances específicos, así como los indicadores para su evaluación se puede consultar en : http://www.oei.es/metas2021/libro.htm.
En Oaxaca, el 1º de diciembre entrará en funciones el nuevo gobierno cuyo poder ejecutivo estará presidido por Gabino Cué Monteagudo. Su equipo de trabajo seguramente está trabajando entre otras cosas, sobre el rumbo que le imprimirá al desarrollo de los servicios públicos de educación en el estado. Los foros de consulta reflejarán aquello que demandan algunos sectores de la sociedad, los análisis técnicos indicarán el estado que guarda ese servicio público en Oaxaca, y serán los referentes como las Metas 2021, los que permitan definir el rumbo estratégico que el mundo de hoy exige para lograr el desarrollo educativo.
En una colaboración anterior, hice algunos comentarios acerca del informe que sobre el Derecho de la Educación en México, presentó el Dr. Vernor Muñoz a la Organización de las Naciones Unidas. Creo que en Oaxaca deberíamos proponer los objetivos del desarrollo educativo en la entidad a la luz de estos referentes, medir la distancia que separa a nuestra realidad de los escenarios deseables y diseñar los instrumentos y estrategias para acortar dicha distancia. Esta es, ciertamente, una tarea inaplazable.
En el congreso se discutió una amplia agenda temática; pero el centro de las reflexiones fue lo que se propone en las Metas 2021 para la generación de los bicentenarios. El documento inicial de la Metas, fue publicado en el 2008 y después de más de dos años de discusiones, análisis y debates, el documento final fue presentado este año y constituye un material de referencia obligado para todos los gobiernos de la región y para la definición de las políticas educativas de sus países y provincias.
El gobierno de México suscribió la propuesta inicial de las metas para la generación de los bicentenarios, seguramente suscribirá también el próximo mes de diciembre, el documento en su versión final y con ello, nuestro país asumirá el compromiso internacional de contribuir al logro de las metas.
La mayoría de los estados del sur-sureste de México y en particular Oaxaca, en tanto que son los que mayores rezagos educativos presentan, deben analizar las propuestas de las Metas 2021 e instrumentar las acciones que permitan avanzar hacia el logro de los propósitos definidos para la región. Las metas a lograr en el 2021 para la generación de los bicentenarios son las siguientes:
Meta general primera
Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora
Meta general segunda
Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación
Meta general tercera
Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo
Meta general cuarta
Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar el acceso a la educación secundaria superior
Meta general quinta
Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar
Meta general sexta
Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnico-profesional (etp)
Meta general séptima
Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida
Meta general octava
Fortalecer la profesión docente
Meta general novena
Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica
Meta general décima
Invertir más e invertir mejor
Meta general décimo primera
Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del proyecto «metas educativas 2021»
El documento donde se justifican las metas anteriores y se explican sus alcances específicos, así como los indicadores para su evaluación se puede consultar en : http://www.oei.es/metas2021/libro.htm.
En Oaxaca, el 1º de diciembre entrará en funciones el nuevo gobierno cuyo poder ejecutivo estará presidido por Gabino Cué Monteagudo. Su equipo de trabajo seguramente está trabajando entre otras cosas, sobre el rumbo que le imprimirá al desarrollo de los servicios públicos de educación en el estado. Los foros de consulta reflejarán aquello que demandan algunos sectores de la sociedad, los análisis técnicos indicarán el estado que guarda ese servicio público en Oaxaca, y serán los referentes como las Metas 2021, los que permitan definir el rumbo estratégico que el mundo de hoy exige para lograr el desarrollo educativo.
En una colaboración anterior, hice algunos comentarios acerca del informe que sobre el Derecho de la Educación en México, presentó el Dr. Vernor Muñoz a la Organización de las Naciones Unidas. Creo que en Oaxaca deberíamos proponer los objetivos del desarrollo educativo en la entidad a la luz de estos referentes, medir la distancia que separa a nuestra realidad de los escenarios deseables y diseñar los instrumentos y estrategias para acortar dicha distancia. Esta es, ciertamente, una tarea inaplazable.
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