El 17 de agosto el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, dio el banderazo para iniciar el programa de planeación democrática participativa. Con esta actividad, entiendo que se pretende, entre otras cosas, definir el rumbo que debe tomar la educación en el estado de Oaxaca. Consultar a la sociedad civil, es un esfuerzo que se debe reconocer por su buena intención, pero que implica el riesgo de generar expectativas que después no se cumplan.
No me gustan los foros de consulta ciudadana donde los temas son tan generales, que se puede decir todo o nada. En mi opinión debería hacerse sobre temas específicos de modo que las conclusiones queden suficientemente claras y no se pierdan en agregados o “resúmenes” convenientes.
De cualquier forma, para reforzar los trabajos de planeación, convendría tener presentes algunos referentes importantes, que constituyen diagnósticos bien fundamentados sobre la situación del sistema educativo nacional y lo que es recomendable hacer para superar sus deficiencias.
Uno de esos referentes es el informe que, sobre México, presentó el Dr. Vernor Muñoz a la Organización de las Naciones Unidas (Ver: Informe Vernor Muñoz. A/hrc/14/25/Add.4. 2 de junio de 2010. ONU).
El Dr. Muñoz identifica varios aspectos de la problemática educativa nacional, tomando como referencia el concepto de Derecho a la Educación, tal y como se entiende éste en los instrumentos de derecho internacional (suscritos por el gobierno mexicano) y en las leyes de nuestro país, que constituyen el marco legal al que debe someter su actuar el gobierno de la república, incluyendo al de Oaxaca.
Destaca en el informe lo que el Relator Especial de la ONU llama la complejidad del aparato educativo mexicano, mismo que caracteriza como un conjunto de servicios públicos y privados, que no constituyen realmente un sistema; sino una especie de agregados que, con frecuencia, se ponen obstáculos entre sí en vez de complementarse. Un caso especial de la complejidad de este aparato, es la relación SEP-SNTE, que el autor califica como una simbiosis atípica que limita el desarrollo de la educación en el país.
Otro aspecto importante, es lo que llama el Dr. Muñoz “asimetrías estructurales”, y que refieren a las profundas desigualdades educativas que se observan: entre las zonas rurales del país y las urbanas; entre lo indígena y lo no indígena; entre la amplia oferta de educación y el hecho de que haya un importante número de mexicanos sin educación básica completa ( 46% de la población nacional y el 66% de la población indígena); en fin, entre lo que establece la ley y lo que se hace.
Complejidad y asimetrías, serían los problemas estructurales del aparato educativo mexicano, causas inmediatas, que no últimas, de los males que aquejan a la educación en México.
En el informe se enumeran las deficiencias del aparato educativo que el Relator Especial consideró destacables:
Una de estas deficiencias, es la forma en cómo se da el servicio educativo a las comunidades de menos de 100 habitantes, que por cierto, son el 70% de las localidades en el medio rural.
En estas comunidades se ofrece una educación pobre y con ello se confirma el círculo vicioso que condena a los pobres a recibir una pobre educación: instructores voluntarios con deficiencias en su preparación pedagógica, falta de infraestructura y equipamiento, programas educativos inapropiados e inadecuados para el contexto cultural de la población, ausentismo de los maestros, bajo aprovechamiento escolar (sólo el 40% de lo que deberían aprender) y por tanto poca esperanza de alcanzar niveles superiores de escolaridad, menos del 1% llega a la universidad, cuando el promedio nacional es del 17% de los que ingresan a la primaria.
Otro problema es la atención deficiente a la población migrante que, de acuerdo con el informe que comento, contribuyen con un 70% del llamado rezago educativo en educación básica. Algo similar sucede con la atención a los niños y jóvenes con alguna discapacidad.
Los servicios para la población discapacitada, no cuentan con la infraestructura y el equipamiento adecuados y sufren de la incompatibilidad de dos orientaciones distintas: integración vs educación especial, mismas que hacen incongruentes las curricula de ese nivel educativo. Por otra parte, los programas de educación especial adolecen de apoyos para lo padres de familia, que a veces, prefieren dejar a sus hijos en casa, porque se les dificulta llevarlos al centro de atención.
La calidad de la educación es un tema de particular importancia en el informe del Dr. Muñoz, quien propone que debe elevarse al rango de un componente del derecho a la educación. Señala el autor, que en México el programa Alianza por la Calidad de la Educación, no atiende a la complejidad ni a las asimetrías del aparato educativo mexicano y más bien tiende a profundizarlas. En ese mismo tema de la calidad, señala que la aplicación de pruebas estandarizadas ( ENLACE, EXCALE, PISA), no toman en cuenta la diversidad cultural ni las asimetrías estructurales del aparato educativo mexicano, por lo que tienden a presentar al maestro como el único responsable del bajo desempeño de sus alumnos y su situación de atraso.
La participación social es otro de los grandes problemas de la educación en nuestro país. Los consejos de participación social que establece la ley general de educación, no operan, o lo hacen con muchas deficiencias y limitaciones. Para el autor del informe, no se trata de que la sociedad civil se haga cargo de las necesidades de la escuela, su participación debe ir más allá, hasta cubrir todos los ámbitos y procesos del sistema educativo.
Por último, señala el riesgo de abandonar a la educación mexicana a la inercia deshumanizante de los actuales contenidos educativos, una de las tareas de la educación, dice el autor del informe, es dignificar la vida.
Después de analizar la problemática de la educación en México, el Dr. Muñoz formula algunas recomendaciones que enseguida resumo:
a. Incrementar el presupuesto para la educación hasta alcanzar el 8% y erradicar los costos que se cargan a los padres de familia, sobre todo en las zonas rurales e indígenas.
b. Medidas extraordinarias para combatir el rezago educativo en personas mayores de 15 años de edad.
c. Mayor presupuesto para la educación indígena e intercultural y hacer de esta última una política de Estado para establecer legalmente el compromiso de avanzar hacia una sociedad incluyente y pluricultural.
d. Mayor presupuesto y apoyo para la educación especial.
e. Fortalecer la educación humanista en todos los niveles e instrumentar un programa de educación en derechos humanos, igualdad de género y diversidad lingüística y cultural.
f. Someter a consulta de la sociedad el programa de la ACE para proponer su reforma.
g. Pasar los servicios de CONAFE a la SEP e instrumentar los programas adecuados para dar educación de calidad a las poblaciones marginadas.
h. Fortalecer los servicios de educación a los migrantes y ampliarlos a la secundaria, así como proporcionar apoyo a los padres jornaleros.
i. Fortalecer la participación social en todos los ámbitos y procesos educativos.
j. Desarrollar programas orientados a lograr la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación, el estímulo a la participación y el control de legalidad en torno al desarrollo de políticas educativas, basadas en los derechos humanos.
k. Fortalecer la autonomía de los órganos de evaluación, dotarlos de recursos y de un marco legal que garantice su adecuada operación.
l. Construir una instancia intrasectorial encargada de analizar los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y recomendar acciones y políticas para superar las deficiencias del sistema educativo.
m. Proponer al gobierno federal el reconocimiento y legitimación de los movimientos sindicales independientes de los trabajadores de la educación.
n. Garantizar que los servicios del registro civil sean gratuitos en las zonas marginadas.
o. Realizar estudios de la situación educativa de los pueblos indígenas en particular y de la población rural marginada en general.
Todas estas recomendaciones, pueden situarse como referencias para tratar el caso de Oaxaca y analizar su procedencia. Proponer esto no es gratuito ni un mero ejercicio académico, el informe del Dr. Muñoz constituye de hecho, un conjunto de observaciones al gobierno mexicano, por incumplir los compromisos que asumió al signar instrumentos de derecho internacional, mismos que forman parte del sistema jurídico mexicano y que por ese mismo hecho, son fuente de obligaciones ineludibles.
Del análisis de las recomendaciones del informe Vernor Muñoz, puede inferirse que el mejoramiento de la educación en México, requiere de plantearse los siguientes objetivos:
1. Reordenamiento de los servicios educativos, para configurar un sistema congruente, integrado, funcional, eficiente y de calidad.
2. Fortalecer las políticas de equidad para mejorar los servicios destinados a la población vulnerable (rural-marginal, indígena, discapacitada, migrante y en particular las mujeres).
3. Orientar las reformas curriculares de modo que se fortalezcan los contenidos humanistas (filosofía, historia, literatura, derechos humanos, etc.) en todos los niveles educativos.
4. Fortalecer y dar autonomía a los órganos de evaluación e impulsar la investigación e innovación en educación.
5. Reformar el marco normativo laboral de modo que se reconozca la pluralidad sindicalista de los trabajadores de la educación y
6. Fortalecer el derecho a la educación mediante el diseño de los instrumentos jurídicos que hagan posible su exigibilidad y judicialización.
Estos seis objetivos, bien podrían marcar el rumbo de la educación en Oaxaca, habrá que someterlos a consulta de cara a la sociedad civil, que es lo que pretendo hacer con su publicación.
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