En el campo de la política, el poder no es algo que resulte de un simple desplazamiento de los contrarios por el grupo vencedor; si bien implica una competencia, en ocasiones ruda, la victoria de un grupo sobre los otros nunca es absoluta, y la derrota tampoco es definitiva. El poder en la política es algo que se negocia permanentemente.
Se podría alegar que hay casos en los que un actor social prácticamente elimina a sus oponentes y asume de manera total el poder; es cierto, pero cuando eso sucede, casi siempre el triunfador hace uso de la fuerza o la violencia armada y eso ya no es política, es la guerra. En Oaxaca, los actores políticos no llegan aún al conflicto bélico, siguen, con todo y ciertas irregularidades, ubicados en el campo de la política.
La alianza que respaldó la candidatura del actual gobernador Gabino Cué Monteagudo, se enfrentó en la etapa electoral a un PRI desgastado por sus problemas internos, desprestigiado ante la opinión pública nacional e internacional después del conflicto del 2006 que ciertamente no supo manejar, pero sobre todo, la alianza gabinista tuvo ante sí a un PRI rechazado por un gran número de ciudadanos cansados de su estilo autoritario y patrimonialista de gobernar durante más de ochenta años.
La alianza triunfadora, por su parte, supo diseñar e instrumentar una estrategia correcta, con la que pudieron convocar a la ciudadanía y hacer valer su voto, ganaron las elecciones, pero hoy muestran su vulnerabilidad al verse en la necesidad de mantener su estatus construyendo su poder mediante la continua negociación con una gran diversidad de actores políticos. Lo anterior no es algo incorrecto, al iniciar este artículo dije que el poder se construye con base en negociaciones; pero es el caso que, si no se planean cuidadosamente las “asimilaciones” al poder, puede devenir en un caos, y en vez de establecer un equilibrio, puede provocar conflictos.
Al actual bloque gobernante se le plantearán varias situaciones interesantes durante su gestión (2010-2016). Durante los primeros dos años, de los cuales uno corre ya, su relación con el gobierno panista de Felipe Calderón está siendo muy cuidadosa, casi diplomática, pues de esa relación depende el flujo de recursos hacia el estado. De entrada, el gobierno calderonista ya envío un mensaje: no habrá transferencia masiva e incondicional de recursos. Felipe Calderón observará, hasta el más mínimo detalle, el desempeño del gobierno de Gabino Cué en los aspectos prioritarios para aquel; uno de esos aspectos, es la carrera hacia el 2012.
Las relaciones del actual gobernador de Oaxaca con Marcelo Ebrar y con Andrés Manuel López Obrador, sugieren que sus favores se orienten al apoyo de cualquiera de los dos personajes, quienes quieren asumir la presidencia de la república. Lo anterior implicaría una ruptura con el PAN y desde luego con el gobierno de Felipe Calderón; si esa fuera la situación, ¿qué pasará con los panistas que hoy forman parte del gobierno del estado? Hay quienes piensan que un escenario nacional que reproduzca la experiencia de Oaxaca en el 2012 es posible, si así fuera, un posible candidato a la presidencia, sería el propio gobernador de Oaxaca, quien ya fue probado en los hechos; pero hasta ahora, ese escenario es poco probable.
El tema sobre el que reflexionamos no es de ningún modo trivial para el actual bloque gobernante, del 2013 al 2016, ¡cuatro años! La administración de Gabino Cué Monteagudo, se desarrollará bajo los dictados de quien triunfe en las próximas elecciones federales, de modo que es crucial diseñar una estrategia que dé respuesta a diversos escenarios.
Uno de ellos, es el que se configura si el PRI gana las elecciones del 2012. La probabilidad de que Enrique Peña Nieto gane las elecciones no es nada despreciable, en las recientes encuestas de orientación del voto, se lleva más del 50% de las preferencias. La posibilidad de este escenario, sugiere la necesidad de que el gobernador Gabino Cué, identifique un canal de interlocución con el eventual presidente Peña Nieto, que desde luego deberá tener sello priísta. ¿Estará este canal de interlocución en proceso de construcción? Puede ser. Los priístas oaxaqueños lo saben y eso explica en parte su lucha interna por adueñarse de la dirección del Partido Revolucionario Institucional.
La dificultad de los priístas reside en la diversidad de sus intereses y es muy difícil imaginar que logren pactar motu proprio. Quizás por eso ha ido ganando adeptos la idea de que sea el comité ejecutivo nacional del PRI quien convoque a la unidad en Oaxaca mediante un delegado fuerte y neutral. Mientras tanto, los diferentes grupos, incluyendo al de Eviel Pérez Magaña, actual dirigente de ese partido, han roto lanzas por sus propios intereses y sostienen ahora una lucha encarnizada.
No será fácil renovar a la dirigencia del PRI, como algunos desean; quien se proponga sustituir al actual presidente de ese partido, deberá aparecer ante los priístas como alguien probo, de reconocida militancia y sobre todo, sin compromisos con ninguna de las facciones en pugna. Si el comité ejecutivo nacional no “amarra” al sustituto de Eviel Pérez Magaña, lo hará el bloque gobernante en Oaxaca, porque será un elemento estratégico en un escenario nacional en el que el PRI gane las elecciones presidenciales. Si por el contrario, el comité ejecutivo nacional respaldara a la actual dirigencia del PRI en Oaxaca, Eviel Pérez Magaña sería el hombre fuerte, por su cercanía con Enrique Peña Nieto, con todo lo que ello implica.
Así pues, el PRI en Oaxaca es un elemento clave a considerar para reconfigurar la nueva base del poder del actual bloque gobernante ¡paradojas de la política! Por eso ahora, ese partido es la manzana de la discordia.
domingo, 23 de enero de 2011
jueves, 6 de enero de 2011
NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL EN JUCHITÁN
El primero de enero fueron renovados los ayuntamientos municipales en todo el estado, el cambio no estuvo exento de problemas; pero en Juchitán donde se presagiaba tormenta, la transmisión de poderes se dio en paz.
Desde hace ya mucho tiempo, más de tres décadas, la población de Juchitán ha visto su suerte: empresas que abandonan el municipio por los chantajes de los grupos que antes formaban parte de la COCEI; narcotráfico y la lógica violencia, secuestros y miedo; la propiedad privada está constantemente amenazada, como lo prueban las continuas invasiones a terrenos de particulares, mismos que después tienen que negociar la recompra de sus propiedades con los delincuentes; un acelerado y desordenado crecimiento urbano; servicios públicos que no funcionan con un mínimo de calidad; desempleo galopante; un deterioro ambiental espantoso; alta morbilidad y una alarmante polarización del ingreso y la educación: por un lado una minoría muy rica con altos niveles de instrucción y por otra una mayoría depauperizada y casi analfabeta.
Los últimos gobiernos priístas no tuvieron la capacidad de remediar estos males y los coceístas sufrieron una descomposición que los hizo peores que los anteriores. Por eso la actual administración del Dr. Daniel Gurrión de sello priísta tiene un reto formidable. Cometerá un error si piensa que el gobierno se puede integrar como antaño, con mafias de un solo color o bajo la presión de los poderosos grupos de interés. En estos tiempos los gobiernos deben integrarse a partir de definir objetivos, metas y estrategias claras y precisas; y con fundamento en lo anterior, pensar en los hombres y mujeres más aptos para llevar a cabo las tareas, lo que no excluye la estrategia de concertar alianzas con la sociedad civil e instituciones especializadas que pueden prestar ayuda al municipio.
Desde luego que la disponibilidad de recursos presupuestales acotará las metas a lograr, pero marcado el rumbo, la tarea es darle continuidad al buen ejemplo, nadie espera que los problemas se resuelvan de un día para otro. Y en todo esto juegan un papel importante el apego a la ley, la transparencia en el manejo de los asuntos públicos, la honestidad y humildad de los servidores públicos, su entrega al servicio y la eficacia de su desempeño.
Hace unos días nos reunimos en Juchitán un grupo de nativos del lugar, además de la consabida plática recordando los viejos tiempos, se tocó el tema del nuevo gobierno municipal. Todos nos mostramos esperanzados sin que nuestras distintas filiaciones ideológicas nos impidieran coincidir en que Juchitán necesita acciones y unidad, ¿Pero qué acciones?
Uno de mis ex compañeros de secundaria dijo algo importante: Es urgente empezar por lo primero, comenzar con las cosas pequeñas pero indispensables para la convivencia. Vimos con buenos ojos que a los diez minutos después de hacer la protesta de ley, Daniel Gurrión se dirigiera con su gente al crucero de la carretera Panamericana donde, desde hacía dos o tres semanas, no funcionaban los semáforos y en cinco minutos volvieron a funcionar.¡ Eso es lo que hay que hacer! Coincidimos todos. Igual con los servicio municipales, comenzando por la policía y los vendedores ambulantes; después vendrán los grandes proyectos.
Otro comentó que una prioridad impostergable es formular un plan maestro de desarrollo urbano, y desde luego el Plan de Desarrollo Municipal; pero el primero hace mucho que ni siquiera se menciona. Otros coincidieron en señalar la urgencia de hacer respetar la ley y el derecho a la propiedad; no se puede impulsar el desarrollo si la ley se negocia o si no se respeta el fruto del trabajo propio y ajeno.
En mi opinión, apunté, no debe postergarse la solución al problema del rezago educativo. La brecha entre quienes tienen una alta escolaridad y los que no la tienen, es cada vez más preocupante en Juchitán.
Las ideas comentadas en esa reunión informal de amigos sentados relajadamente debajo de un frondoso árbol, frente al palacio municipal, aunque interesantes no dejan de ser buenos propósitos, que en nada modifican la realidad que hoy vive el pueblo juchiteco. Pero otra cosa son las acciones que ese pequeño grupo promueve para coadyuvar al desarrollo y al buen gobierno.
Sin pretender grandes cambios, los grupos: Bini neza guiá’ (Gente de arriba), la Fundación histórico cultural Juchitán y el Grupo Cultural Gugu Huinni ( Tortolita), unen esfuerzos para impulsar el desarrollo cultural de Juchitán. El plan de trabajo para este 2011, pronto dejará sentir sus efectos. Sería muy importante contar con el apoyo de las nuevas autoridades a las cuales, ni se les pide dinero, ni recursos materiales ni humanos, sólo se les solicita establecer las condiciones legales y en algunos casos el apoyo a la gestoría que estos grupos requieren para realizar sus obras.
Espero que la unidad de los actores políticos prevalezca por encima de sus intereses particulares y que se piense más en hacer desde la sociedad civil, que en chantajear al gobierno o a las empresas productivas. Juchitán bien vale eso y más.
Desde hace ya mucho tiempo, más de tres décadas, la población de Juchitán ha visto su suerte: empresas que abandonan el municipio por los chantajes de los grupos que antes formaban parte de la COCEI; narcotráfico y la lógica violencia, secuestros y miedo; la propiedad privada está constantemente amenazada, como lo prueban las continuas invasiones a terrenos de particulares, mismos que después tienen que negociar la recompra de sus propiedades con los delincuentes; un acelerado y desordenado crecimiento urbano; servicios públicos que no funcionan con un mínimo de calidad; desempleo galopante; un deterioro ambiental espantoso; alta morbilidad y una alarmante polarización del ingreso y la educación: por un lado una minoría muy rica con altos niveles de instrucción y por otra una mayoría depauperizada y casi analfabeta.
Los últimos gobiernos priístas no tuvieron la capacidad de remediar estos males y los coceístas sufrieron una descomposición que los hizo peores que los anteriores. Por eso la actual administración del Dr. Daniel Gurrión de sello priísta tiene un reto formidable. Cometerá un error si piensa que el gobierno se puede integrar como antaño, con mafias de un solo color o bajo la presión de los poderosos grupos de interés. En estos tiempos los gobiernos deben integrarse a partir de definir objetivos, metas y estrategias claras y precisas; y con fundamento en lo anterior, pensar en los hombres y mujeres más aptos para llevar a cabo las tareas, lo que no excluye la estrategia de concertar alianzas con la sociedad civil e instituciones especializadas que pueden prestar ayuda al municipio.
Desde luego que la disponibilidad de recursos presupuestales acotará las metas a lograr, pero marcado el rumbo, la tarea es darle continuidad al buen ejemplo, nadie espera que los problemas se resuelvan de un día para otro. Y en todo esto juegan un papel importante el apego a la ley, la transparencia en el manejo de los asuntos públicos, la honestidad y humildad de los servidores públicos, su entrega al servicio y la eficacia de su desempeño.
Hace unos días nos reunimos en Juchitán un grupo de nativos del lugar, además de la consabida plática recordando los viejos tiempos, se tocó el tema del nuevo gobierno municipal. Todos nos mostramos esperanzados sin que nuestras distintas filiaciones ideológicas nos impidieran coincidir en que Juchitán necesita acciones y unidad, ¿Pero qué acciones?
Uno de mis ex compañeros de secundaria dijo algo importante: Es urgente empezar por lo primero, comenzar con las cosas pequeñas pero indispensables para la convivencia. Vimos con buenos ojos que a los diez minutos después de hacer la protesta de ley, Daniel Gurrión se dirigiera con su gente al crucero de la carretera Panamericana donde, desde hacía dos o tres semanas, no funcionaban los semáforos y en cinco minutos volvieron a funcionar.¡ Eso es lo que hay que hacer! Coincidimos todos. Igual con los servicio municipales, comenzando por la policía y los vendedores ambulantes; después vendrán los grandes proyectos.
Otro comentó que una prioridad impostergable es formular un plan maestro de desarrollo urbano, y desde luego el Plan de Desarrollo Municipal; pero el primero hace mucho que ni siquiera se menciona. Otros coincidieron en señalar la urgencia de hacer respetar la ley y el derecho a la propiedad; no se puede impulsar el desarrollo si la ley se negocia o si no se respeta el fruto del trabajo propio y ajeno.
En mi opinión, apunté, no debe postergarse la solución al problema del rezago educativo. La brecha entre quienes tienen una alta escolaridad y los que no la tienen, es cada vez más preocupante en Juchitán.
Las ideas comentadas en esa reunión informal de amigos sentados relajadamente debajo de un frondoso árbol, frente al palacio municipal, aunque interesantes no dejan de ser buenos propósitos, que en nada modifican la realidad que hoy vive el pueblo juchiteco. Pero otra cosa son las acciones que ese pequeño grupo promueve para coadyuvar al desarrollo y al buen gobierno.
Sin pretender grandes cambios, los grupos: Bini neza guiá’ (Gente de arriba), la Fundación histórico cultural Juchitán y el Grupo Cultural Gugu Huinni ( Tortolita), unen esfuerzos para impulsar el desarrollo cultural de Juchitán. El plan de trabajo para este 2011, pronto dejará sentir sus efectos. Sería muy importante contar con el apoyo de las nuevas autoridades a las cuales, ni se les pide dinero, ni recursos materiales ni humanos, sólo se les solicita establecer las condiciones legales y en algunos casos el apoyo a la gestoría que estos grupos requieren para realizar sus obras.
Espero que la unidad de los actores políticos prevalezca por encima de sus intereses particulares y que se piense más en hacer desde la sociedad civil, que en chantajear al gobierno o a las empresas productivas. Juchitán bien vale eso y más.
jueves, 23 de diciembre de 2010
LA FORMA ES FONDO
La iniciativa de reforma de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca (Periódico Oficial. Nº extraordinario del 1º de diciembre de 2010. Decreto Núm. 6), enviada por el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, ha provocado una crisis de gabinete y desatado una polémica, en la que no todos pretenden contribuir a la comprensión de lo que está pasando; parece que las opiniones se han polarizado entre quienes defiende el “título” y quienes de algún modo le restan importancia.
El polémico artículo 14 de la nueva Ley orgánica dice:
“Artículo 14.- Para ser titular de una Secretaría o de los órganos auxiliares de la administración pública estatal se requiere:
(…)
III. Contar con título, cédula profesional o equivalente.”
(…)
Doy por sentado que es deseable y necesario que los funcionarios públicos además de profesionales en su área de trabajo, tengan una preparación certificada por alguna institución de educación superior (no patito). Para mí, el problema no es si se debe o no exigir un título universitario para ejercer una función pública; sino qué sucedió cuando el gobernador lo hizo, por qué lo hizo de esa manera y cuáles podrían ser las repercusiones.
La profesionalización del gabinete.
Si bien es deseable, y asumo el supuesto de que el gobernador así lo cree, que los miembros del gabinete posean un título universitario, ¿ por qué el gobernador Gabino Cué escogió el recurso de reformar la ley orgánica del poder ejecutivo?
Había por lo menos dos maneras menos problemáticas:
1. Invitar como colaboradores sólo a aquellos con título universitario, además de otras características deseables para el perfil que se le quiere dar al gabinete (facultad otorgada por el Art. 79. Fracc. V de la Constitución Política del Estado de Oaxaca). Este ha sido el método que tradicionalmente han empleado los gobernadores para conformar sus equipos y darles una identidad determinada, ya sea para buenos o malos propósitos.
2. Establecer en el manual de organización, en la parte relativa a los profesiogramas de cada puesto, la exigencia del grado académico o incluso nivel de especialización deseado para el cargo, y dejar que la contraloría se encargara de que se cumpliera lo dispuesto, con las sanciones correspondientes para el caso de que alguien violara la norma.
Una tercera, que no incluyo porque sería igualmente problemática que la reforma a la ley orgánica, es el método de un acuerdo del gobernador para los mismos efectos: exigir el título, la cédula y todo lo demás.
Estas maneras o formas de integrar el gabinete, estarían de acuerdo con las leyes vigentes y ayudarían a especificar su contenido por la intención de darle al equipo del gobernador una identidad determinada. ¿ Por qué entonces no se empleó ninguna de ellas y sí el de la reforma de la ley orgánica?
Los posibles motivos.
a. Error involuntario. El gobernador del estado no pretendía incluir esa exigencia en la nueva ley orgánica y una falta de revisión al proyecto fue el motivo. Es muy difícil creer que un error de ese tipo se haya cometido, pero ha habido casos en la administración pública, incluso en la federal, donde un error se filtró y tuvo después carácter de ley.
b. Parte de una estrategia para acotar, en el marco de la alianza, a un sector de los aspirantes a ocupar cargos públicos. Aunque es posible que este haya sido el motivo, ya que se acostumbra en la administración pública en México, hacer reformas legales con dedicatoria, surge la pregunta de: ¿por qué no se antepuso la ley a los prospectos, y en cambio se les tomó protesta, para después ponerlos en evidencia exigiéndoles lo que no tienen?
c. Avanzar en la reforma del Estado. La reforma enviada por Gabino Cué, acota las facultades del gobernador ( Art. 79, fracc. V de la constitución local), y podría pensarse que es una especie de anticipo a una más profunda reforma del Estado; pero ¿por qué no reformar en todo caso la constitución? No haberlo hecho implica que ahora la nueva ley orgánica pueda ser calificada como inconstitucional, y que el único que puede no tener título o cédula profesional sea el mismísimo gobernador del estado.
d. Pagar facturas en falso. Otro motivo posible, deriva de las presiones que posiblemente tuvo el gobernador para incluir en su gabinete a elementos de las diversas fuerzas que se aliaron para hacerlo ganar, pero que él no estaba dispuesto a aceptar. Eso explica que la reforma haya entrado al cuarto para las doce y que no haya objetado las propuestas y dejar que el congreso hiciera parte del trabajo de vetar los nombramientos.
El gobernador pudo tener alguno o todos estos motivos para reformar la ley orgánica de la forma en que lo hizo, lo cierto es que los efectos de su proceder pueden tener consecuencias para la gobernabilidad del estado.
Aunque existe la posibilidad de que no pasé nada, es preferible suponer que habrá reacciones para prever cursos de acción y, dado el caso, reducir el impacto de los conflictos.
Es difícil creer que los hombres y mujeres que, habiendo sido aceptados por el gobernador para ocupar cargos públicos y después exhibidos públicamente en sus supuestas carencias, a tal grado que uno hasta cometió un delito para sortear la pena, se queden como si nada hubiera pasado. No va con la naturaleza humana, ni con el estilo de ser de los oaxaqueños. Por ello es posible que las acciones revanchistas no se hagan esperar, y no sólo por parte de los individuos afectados, sino por las fuerzas que de algún modo representan.
Hay un viejo dicho atribuido a Don Jesús Reyes Heroles: En política, la forma es fondo. Creo que en este caso, a alguien se le olvidó recordárselo al señor Gobernador.
El polémico artículo 14 de la nueva Ley orgánica dice:
“Artículo 14.- Para ser titular de una Secretaría o de los órganos auxiliares de la administración pública estatal se requiere:
(…)
III. Contar con título, cédula profesional o equivalente.”
(…)
Doy por sentado que es deseable y necesario que los funcionarios públicos además de profesionales en su área de trabajo, tengan una preparación certificada por alguna institución de educación superior (no patito). Para mí, el problema no es si se debe o no exigir un título universitario para ejercer una función pública; sino qué sucedió cuando el gobernador lo hizo, por qué lo hizo de esa manera y cuáles podrían ser las repercusiones.
La profesionalización del gabinete.
Si bien es deseable, y asumo el supuesto de que el gobernador así lo cree, que los miembros del gabinete posean un título universitario, ¿ por qué el gobernador Gabino Cué escogió el recurso de reformar la ley orgánica del poder ejecutivo?
Había por lo menos dos maneras menos problemáticas:
1. Invitar como colaboradores sólo a aquellos con título universitario, además de otras características deseables para el perfil que se le quiere dar al gabinete (facultad otorgada por el Art. 79. Fracc. V de la Constitución Política del Estado de Oaxaca). Este ha sido el método que tradicionalmente han empleado los gobernadores para conformar sus equipos y darles una identidad determinada, ya sea para buenos o malos propósitos.
2. Establecer en el manual de organización, en la parte relativa a los profesiogramas de cada puesto, la exigencia del grado académico o incluso nivel de especialización deseado para el cargo, y dejar que la contraloría se encargara de que se cumpliera lo dispuesto, con las sanciones correspondientes para el caso de que alguien violara la norma.
Una tercera, que no incluyo porque sería igualmente problemática que la reforma a la ley orgánica, es el método de un acuerdo del gobernador para los mismos efectos: exigir el título, la cédula y todo lo demás.
Estas maneras o formas de integrar el gabinete, estarían de acuerdo con las leyes vigentes y ayudarían a especificar su contenido por la intención de darle al equipo del gobernador una identidad determinada. ¿ Por qué entonces no se empleó ninguna de ellas y sí el de la reforma de la ley orgánica?
Los posibles motivos.
a. Error involuntario. El gobernador del estado no pretendía incluir esa exigencia en la nueva ley orgánica y una falta de revisión al proyecto fue el motivo. Es muy difícil creer que un error de ese tipo se haya cometido, pero ha habido casos en la administración pública, incluso en la federal, donde un error se filtró y tuvo después carácter de ley.
b. Parte de una estrategia para acotar, en el marco de la alianza, a un sector de los aspirantes a ocupar cargos públicos. Aunque es posible que este haya sido el motivo, ya que se acostumbra en la administración pública en México, hacer reformas legales con dedicatoria, surge la pregunta de: ¿por qué no se antepuso la ley a los prospectos, y en cambio se les tomó protesta, para después ponerlos en evidencia exigiéndoles lo que no tienen?
c. Avanzar en la reforma del Estado. La reforma enviada por Gabino Cué, acota las facultades del gobernador ( Art. 79, fracc. V de la constitución local), y podría pensarse que es una especie de anticipo a una más profunda reforma del Estado; pero ¿por qué no reformar en todo caso la constitución? No haberlo hecho implica que ahora la nueva ley orgánica pueda ser calificada como inconstitucional, y que el único que puede no tener título o cédula profesional sea el mismísimo gobernador del estado.
d. Pagar facturas en falso. Otro motivo posible, deriva de las presiones que posiblemente tuvo el gobernador para incluir en su gabinete a elementos de las diversas fuerzas que se aliaron para hacerlo ganar, pero que él no estaba dispuesto a aceptar. Eso explica que la reforma haya entrado al cuarto para las doce y que no haya objetado las propuestas y dejar que el congreso hiciera parte del trabajo de vetar los nombramientos.
El gobernador pudo tener alguno o todos estos motivos para reformar la ley orgánica de la forma en que lo hizo, lo cierto es que los efectos de su proceder pueden tener consecuencias para la gobernabilidad del estado.
Aunque existe la posibilidad de que no pasé nada, es preferible suponer que habrá reacciones para prever cursos de acción y, dado el caso, reducir el impacto de los conflictos.
Es difícil creer que los hombres y mujeres que, habiendo sido aceptados por el gobernador para ocupar cargos públicos y después exhibidos públicamente en sus supuestas carencias, a tal grado que uno hasta cometió un delito para sortear la pena, se queden como si nada hubiera pasado. No va con la naturaleza humana, ni con el estilo de ser de los oaxaqueños. Por ello es posible que las acciones revanchistas no se hagan esperar, y no sólo por parte de los individuos afectados, sino por las fuerzas que de algún modo representan.
Hay un viejo dicho atribuido a Don Jesús Reyes Heroles: En política, la forma es fondo. Creo que en este caso, a alguien se le olvidó recordárselo al señor Gobernador.
ACUERDOS Y DESACUERDOS: EL VI PRE-PLENO DE LA SECCIÓN XXII DEL SNTE
Han finalizado los trabajos del VI Pre-pleno de la Sección XXII del SNTE y las cosas no pintan bien. Dos acuerdos llaman primero nuestra atención: el desconocimiento de la secretaria general de gobierno, Irma Piñeyro y la demanda de destitución del director general del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares. El primero de los acuerdo lo anunciaron los dirigentes magisteriales con el argumento de que la Sra. Piñeyro era una carta de Elba Esther Gordillo en el gabinete del gobernador Cué Monteagudo; pero el segundo, aunque argumentan las mismas razones, obedece a otras circunstancias.
La opinión que el director general del IEEPO ofreció a la prensa local, puso de manifiesto su interés de que los integrantes de la sección 59 del SNTE, se reintegraran a la sección XXII y en otras declaraciones, prácticamente desconoció a la sección 59 como gestora válida de los asuntos de los trabajadores de la educación; tanto así, que el propio gobernador Gabino Cué, tuvo que salir al paso y matizar la posición del gobierno del estado al respecto.
Al asumir estas posiciones, se mostraba no sólo la disciplina del director del IEEPO para con la posible política oficial; sino también se quería enviarle a los trabajadores de la educación de la sección XXII un mensaje que suavizara sus debates en el pre-pleno. De cualquier manera, la reacción de la sección 59 no se hizo esperar y criticó al gobierno del estado por entrometerse en asuntos del SNTE.
Sin embargo, tanto cuidó el director del IEEPO no cometer errores al tocar el tema del conflicto entre las secciones sindicales, que descuidó la relación con las expresiones políticas de la sección XXII: la percepción que tuvieron los grupos al interior del sindicato, fue que el gobierno del estado privilegiaba la relación con algunas corrientes y sus organizaciones afines; pero que no estaba dispuesto a dialogar con todas, sino hasta después del pre-pleno. La respuesta a esta política, la tenemos ahora a la vista. Lo curioso del caso es que la sección XXII, exige hoy la destitución de quien se mostró como su principal aliado y la sección 59, quizás hasta celebre que la XXII lo libere de un enemigo declarado.
Otro acuerdo es el de la conformación de una comisión negociadora ampliada. Este tipo de comisión es un recursos que utilizan las expresiones al interior de la sección XXII cuando quieren neutralizar a la comisión política y más directamente, al secretario general en turno para así ponerse al frente de las negociaciones de manera más “democrática”, y no permitir que unos cuantos monopolicen los acuerdos y relaciones con el gobernador, como sucedió en el año 2005 y que dio como resultado la comisión ampliada que dirigió al magisterio durante el conflicto del 2006, con los resultados que conocemos. De lo que todo esto le afecta, Azael Santiago Chepi no parece darse cuenta, o lo disimula bien.
El establecimiento de una comisión permanente de honor y justicia, sólo puede interpretarse como una clara amenaza para todos los que pretendan negociar en lo obscurito con el gobierno del estado; pero también para quienes pronto sufrirán la aplicación del principio rector 20.
En esto también está implicada la situación de los niveles educativos en los que se ha desatado la corrupción. Un caso elocuente es el de secundarias generales, donde el jefe del departamento está acorralado por quienes venden plazas y quieren que él sólo autorice las asignaciones, mientras ellos siguen con su negocio. Ya se acordó una comisión investigadora y de aquí es previsible esperar el recrudecimiento del conflicto interno.
En mi opinión, el gobierno del estado no supo reaccionar adecuadamente en función de la complejidad del IEEPO y de la velocidad con que se suscitan los hechos al interior de las secciones sindicales.
Por lo pronto, el acuerdo de exigir la destitución de Bernardo Vásquez Colmenares pone a las expresiones en condiciones de negociar directamente con el gobernador del estado y tomar acuerdos sobre sus asuntos; de lo contrario harán efectivo el desconocimiento del actual director del IEEPO. Si el gobernador no accede, irán incrementando la presión e intensificando las movilizaciones en todo el estado hasta llegar, si lo creen necesario, a romper la “mesa de negociaciones”.
Es lamentable que los dirigentes magisteriales con sus acuerdos, pongan en riesgo no sólo la paz pública, sino la integridad de su propio movimiento. La administración del gobernador Gabino Cué, goza aún del bono democrático que el pueblo le otorgó en las pasadas elecciones y puede hacer valer su autoridad; por otra parte, la sección XXII no tiene la simpatía de una gran parte de la población.
Conforme se acerque el mes de mayo, las cosas se complicarán aún más, será la primera vez que el gobierno de Gabinó Cué negocie formalmente con la sección XXII (¿y con la 59?). En todo esto, no sólo se trata de buscar una salida al eventual conflicto, sino de avanzar en la mejora del servicio educativo y garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca.
La opinión que el director general del IEEPO ofreció a la prensa local, puso de manifiesto su interés de que los integrantes de la sección 59 del SNTE, se reintegraran a la sección XXII y en otras declaraciones, prácticamente desconoció a la sección 59 como gestora válida de los asuntos de los trabajadores de la educación; tanto así, que el propio gobernador Gabino Cué, tuvo que salir al paso y matizar la posición del gobierno del estado al respecto.
Al asumir estas posiciones, se mostraba no sólo la disciplina del director del IEEPO para con la posible política oficial; sino también se quería enviarle a los trabajadores de la educación de la sección XXII un mensaje que suavizara sus debates en el pre-pleno. De cualquier manera, la reacción de la sección 59 no se hizo esperar y criticó al gobierno del estado por entrometerse en asuntos del SNTE.
Sin embargo, tanto cuidó el director del IEEPO no cometer errores al tocar el tema del conflicto entre las secciones sindicales, que descuidó la relación con las expresiones políticas de la sección XXII: la percepción que tuvieron los grupos al interior del sindicato, fue que el gobierno del estado privilegiaba la relación con algunas corrientes y sus organizaciones afines; pero que no estaba dispuesto a dialogar con todas, sino hasta después del pre-pleno. La respuesta a esta política, la tenemos ahora a la vista. Lo curioso del caso es que la sección XXII, exige hoy la destitución de quien se mostró como su principal aliado y la sección 59, quizás hasta celebre que la XXII lo libere de un enemigo declarado.
Otro acuerdo es el de la conformación de una comisión negociadora ampliada. Este tipo de comisión es un recursos que utilizan las expresiones al interior de la sección XXII cuando quieren neutralizar a la comisión política y más directamente, al secretario general en turno para así ponerse al frente de las negociaciones de manera más “democrática”, y no permitir que unos cuantos monopolicen los acuerdos y relaciones con el gobernador, como sucedió en el año 2005 y que dio como resultado la comisión ampliada que dirigió al magisterio durante el conflicto del 2006, con los resultados que conocemos. De lo que todo esto le afecta, Azael Santiago Chepi no parece darse cuenta, o lo disimula bien.
El establecimiento de una comisión permanente de honor y justicia, sólo puede interpretarse como una clara amenaza para todos los que pretendan negociar en lo obscurito con el gobierno del estado; pero también para quienes pronto sufrirán la aplicación del principio rector 20.
En esto también está implicada la situación de los niveles educativos en los que se ha desatado la corrupción. Un caso elocuente es el de secundarias generales, donde el jefe del departamento está acorralado por quienes venden plazas y quieren que él sólo autorice las asignaciones, mientras ellos siguen con su negocio. Ya se acordó una comisión investigadora y de aquí es previsible esperar el recrudecimiento del conflicto interno.
En mi opinión, el gobierno del estado no supo reaccionar adecuadamente en función de la complejidad del IEEPO y de la velocidad con que se suscitan los hechos al interior de las secciones sindicales.
Por lo pronto, el acuerdo de exigir la destitución de Bernardo Vásquez Colmenares pone a las expresiones en condiciones de negociar directamente con el gobernador del estado y tomar acuerdos sobre sus asuntos; de lo contrario harán efectivo el desconocimiento del actual director del IEEPO. Si el gobernador no accede, irán incrementando la presión e intensificando las movilizaciones en todo el estado hasta llegar, si lo creen necesario, a romper la “mesa de negociaciones”.
Es lamentable que los dirigentes magisteriales con sus acuerdos, pongan en riesgo no sólo la paz pública, sino la integridad de su propio movimiento. La administración del gobernador Gabino Cué, goza aún del bono democrático que el pueblo le otorgó en las pasadas elecciones y puede hacer valer su autoridad; por otra parte, la sección XXII no tiene la simpatía de una gran parte de la población.
Conforme se acerque el mes de mayo, las cosas se complicarán aún más, será la primera vez que el gobierno de Gabinó Cué negocie formalmente con la sección XXII (¿y con la 59?). En todo esto, no sólo se trata de buscar una salida al eventual conflicto, sino de avanzar en la mejora del servicio educativo y garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca.
domingo, 5 de diciembre de 2010
TENSIONES Y DECISIONES EN EL NUEVO GOBIERNO
Las primeras decisiones que ha tomado el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dejan entrever cierta tensión entre una racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, al viejo estilo priísta. Abandonar esta dualidad de referentes en la toma de decisiones no será, al parecer, una tarea fácil para el nuevo gobierno.
Las declaraciones del gobernador electo, previas a la integración del gabinete, hacían pensar en una selección racional y democrática de los funcionarios; proceso que estaría supeditado a la naturaleza, objetivos, metas y estrategias del plan de gobierno. Sin embargo, la designación de varios miembros del gabinete, parece obedecer más a las presiones de los partidos que integraron la alianza electoral, que a un perfil adecuado al plan, cuyos lineamientos generales se esbozaron en el discurso de toma de protesta del licenciado Gabino Cué.
No podemos generalizar al afirmar que los nuevos funcionarios desconocen el funcionamiento y el nivel de complejidad de las áreas bajo su responsabilidad; pero en algunos casos, el aprendizaje tendrá un alto costo para el gobernador, tanto en términos políticos como de eficiencia y eficacia administrativa.
El bono democrático que el electorado le dio a la actual administración, puede agotarse rápidamente si no se elimina la tensión entre los referentes de la toma de decisiones. Lo anterior significa, que el gobernador Gabino Cué puede perder la credibilidad de la población y por tanto debilitarse su liderazgo. Ante esto, se plantearían dos caminos igualmente inconvenientes: el retorno al autoritarismo o a la actitud del dejar hacer y dejar pasar.
Como las presiones de los grupos de interés, no dejará paso libre a la racionalidad democrática, de poco sirve plantear una administración transparente de los recursos públicos, si se llega a sospechar que su aplicación responde a intereses particulares y no al bien común, o ¿la transparencia justificaría el fin, cualquiera que éste sea?
El gobernador debe cuidarse además, de no caer en los excesos legisladores. Las leyes con un nuevo espíritu, como las que ya propuso al congreso, son sólo una parte del proceso de construcción de la democracia, su complemento es la realidad de la conducta de los sujetos políticos y su cultura, pues estos últimos siempre tendrán manera de sortear los dictados de la ley, sin violarla, para cumplir propósitos perversos. Es preferible que las iniciativas de reforma de los códigos, sobre todo políticos, estén orientadas a regular realidades más que a construir quimeras.
En otras palabras, si predomina la presión de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobernador Cué Monteagudo, corre el riesgo de que la transparencia de su administración y la novedad en las iniciativas de reformas legales, terminen siendo parte de su caricatura política, más que una contribución al cambio democrático en Oaxaca. Con el ex presidente Fox sucedió algo parecido.
Resolver la tensión entre los referentes de racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, pasa por la construcción de una nueva relación con los partidos políticos y con las organizaciones sociales y los sindicatos; una relación de cara al pueblo, donde los acuerdos o compromisos respondan a las necesidades y prioridades de la población y donde los actores políticos, den garantía de su representatividad y dejen de especular con membretes rimbombantes. En todo esto, los diputados deberían jugar un papel importante haciendo efectiva la representatividad de sus distritos. Mal haría un diputado en reconocer que la representación en su distrito electoral la tiene, de hecho, otra persona u organización. No niego la existencia de las minorías; pero si no pudieron ganar la elección en su distrito, menos deben monopolizar la gestión ante el nuevo gobierno. Aquí es donde se verá si el triunfo electoral es igual a la legitimidad política, o cada uno se construye por separado.
Las declaraciones del gobernador electo, previas a la integración del gabinete, hacían pensar en una selección racional y democrática de los funcionarios; proceso que estaría supeditado a la naturaleza, objetivos, metas y estrategias del plan de gobierno. Sin embargo, la designación de varios miembros del gabinete, parece obedecer más a las presiones de los partidos que integraron la alianza electoral, que a un perfil adecuado al plan, cuyos lineamientos generales se esbozaron en el discurso de toma de protesta del licenciado Gabino Cué.
No podemos generalizar al afirmar que los nuevos funcionarios desconocen el funcionamiento y el nivel de complejidad de las áreas bajo su responsabilidad; pero en algunos casos, el aprendizaje tendrá un alto costo para el gobernador, tanto en términos políticos como de eficiencia y eficacia administrativa.
El bono democrático que el electorado le dio a la actual administración, puede agotarse rápidamente si no se elimina la tensión entre los referentes de la toma de decisiones. Lo anterior significa, que el gobernador Gabino Cué puede perder la credibilidad de la población y por tanto debilitarse su liderazgo. Ante esto, se plantearían dos caminos igualmente inconvenientes: el retorno al autoritarismo o a la actitud del dejar hacer y dejar pasar.
Como las presiones de los grupos de interés, no dejará paso libre a la racionalidad democrática, de poco sirve plantear una administración transparente de los recursos públicos, si se llega a sospechar que su aplicación responde a intereses particulares y no al bien común, o ¿la transparencia justificaría el fin, cualquiera que éste sea?
El gobernador debe cuidarse además, de no caer en los excesos legisladores. Las leyes con un nuevo espíritu, como las que ya propuso al congreso, son sólo una parte del proceso de construcción de la democracia, su complemento es la realidad de la conducta de los sujetos políticos y su cultura, pues estos últimos siempre tendrán manera de sortear los dictados de la ley, sin violarla, para cumplir propósitos perversos. Es preferible que las iniciativas de reforma de los códigos, sobre todo políticos, estén orientadas a regular realidades más que a construir quimeras.
En otras palabras, si predomina la presión de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobernador Cué Monteagudo, corre el riesgo de que la transparencia de su administración y la novedad en las iniciativas de reformas legales, terminen siendo parte de su caricatura política, más que una contribución al cambio democrático en Oaxaca. Con el ex presidente Fox sucedió algo parecido.
Resolver la tensión entre los referentes de racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, pasa por la construcción de una nueva relación con los partidos políticos y con las organizaciones sociales y los sindicatos; una relación de cara al pueblo, donde los acuerdos o compromisos respondan a las necesidades y prioridades de la población y donde los actores políticos, den garantía de su representatividad y dejen de especular con membretes rimbombantes. En todo esto, los diputados deberían jugar un papel importante haciendo efectiva la representatividad de sus distritos. Mal haría un diputado en reconocer que la representación en su distrito electoral la tiene, de hecho, otra persona u organización. No niego la existencia de las minorías; pero si no pudieron ganar la elección en su distrito, menos deben monopolizar la gestión ante el nuevo gobierno. Aquí es donde se verá si el triunfo electoral es igual a la legitimidad política, o cada uno se construye por separado.
miércoles, 3 de noviembre de 2010
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA EDUCACIÓN EN OAXACA
Construir escenarios futuros, es arriesgarse a especular. Nada de lo hasta ahora conocido en las ciencias sociales, permite predecir el futuro. Sin embargo, es posible anticiparse al efecto de algunas variables sobre otras, a condición de conocer la relación entre ellas y observar sus tendencias. Nada garantiza que las tendencias no se modifiquen sin previo aviso y cambien radicalmente su dirección; pero existe una alta probabilidad de que si las condiciones de contexto y las relaciones conocidas entre las variables no cambian, sus efectos se mantendrán constantes y por tanto, las tendencias seguirán el curso previsto.
No es de ningún modo recomendable tomar decisiones anticipadas a partir de escenarios posibles, sin embargo es conveniente considerarlos como referentes para evaluar situaciones reales que pueden conducir o no a ellos.
Nos interesa analizar posibles escenarios en la relación Sección XXII del SNTE y la administración del gobierno del estado que entrará en funciones a partir del 1º de diciembre del presente año (2010). Nos hemos fijado como horizonte para nuestro análisis, el año de 2012, en vista de que en ese año, se darán definiciones políticas nacionales que modificarán el contexto en el que se dará la relación Sección XXII del SNTE y el Gobierno del estado y ese cambio alterará las tendencias de las variables bajo análisis.
En términos generales, los escenarios posibles se podrían agrupar en dos grupos: un grupo, comprendería aquellos en los que el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE llegan al acuerdo de impulsar juntos la mejora de los servicios educativos y de revisar las demandas laborales del sindicato sin alterar la prestación de dicho servicio, ni perjudicar a terceros en sus derechos. Estos escenarios, aunque poco probables, son del todo posibles. Otro grupo de escenarios es aquel en el que la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, es conflictiva en diferentes grados. El primer grupo de escenarios, aunque interesantes, no plantean ningún problema, podrían ser vistos, en todo caso, como escenarios-solución. Preocupan en cambio, aquellos que podrían entorpecer las funciones de gobierno, una de ellas estratégica, como la de ofrecer servicios de educación a la población.
Lo que sigue, es el adelanto de un trabajo que realizo para construir escenarios que eventualmente presenten riesgos para la educación en el estado, un conjunto de ellos, como he dicho, tiene como centro, la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, bajo la hipótesis de conflictividad.
En el marco de esta hipótesis, se da cierta tensión en la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE a la que denominamos “conflictividad”, misma que puede variar a partir de la influencia de varios factores o situaciones. Aunque la conflictividad refiere casi siempre a una relación entre oponentes que buscan dominarse uno al otro, que no es exactamente el caso de la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, utilizamos este concepto para describir la relación entre dos actores que en Oaxaca se oponen en términos semejantes a como se considera a los sujetos en la teoría de juegos: no se trata en este caso de dominar, sino de ganar.
Lo que dificulta comprender la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, es la complejidad interna de dicho organismo sindical, que no permite suponer una toma de decisiones a partir de conductas “racionales” de un sujeto, ya que si bien esas decisiones existen, se subsumen a la dinámica interna de los grupos al interior de ese sindicato.
Presentaremos algunos escenarios posibles derivados de esa relación de conflictividad y estimaremos la probabilidad de su realización, dicha probabilidad es subjetiva y se basa en el conocimiento de la estructura y el contexto de nuestro objeto de estudio.
Para construir los escenarios, hemos seleccionado un conjunto de variables que permiten simplificar la descripción de los estados futuros de las relaciones y sus efectos en todo el sistema.
I. EL MODELO
Conflictividad de la Sección XXII (F22). Esta variable, la definimos como el conjunto de acciones que la Sección XXII lleva a cabo, derivadas de su relación con el gobierno del estado y federal, para lograr sus propósitos estratégicos. Dichas acciones, serán conflictivas, en tanto que afecten los derechos constitucionales de la población, violenten las leyes establecidas, propicien o realicen acciones delictivas o llamen francamente a la insurrección contra el orden establecido, como sucedió en el 2006. El nivel de conflictividad puede ser bajo, moderado o alto, dependiendo del tipo de acciones que realicen, su duración, intensidad, el tamaño del territorio o población que afecten, los procesos económicos que dañen, el grado en que disminuyan la efectividad del gobierno y su legitimidad. Un escenario 100% conflictivo, reproduciría las condiciones del 2006 sobre las que tenemos bastante información.
Algunos de los elementos que influyen en la variabilidad de la conflictividad de F22 son:
El tipo y contenido de sus demandas (Tcd), el nivel de satisfacción de las necesidades de los niveles educativos (Sne), las pugnas y lucha interna de los grupos que operan al interior de la Sección XXII (Lgi), las necesidades planteadas por el servicio público de educación (Spe), las pugnas internas por el poder al interior de la administración pública (Fint) y las exigencias de las organizaciones sociales (Fong).
Otro conjunto es el que llamamos variables de contexto:
Los efectos de la situación económica nacional sobre la población del estado (Cec). Los efectos que producen las acciones de los partidos políticos para ganar en las elecciones del 2012 (Cpe), el efecto que produce en la población y las organizaciones sociales la violencia y el miedo: asesinatos, heridos, encarcelamientos, secuestros, amenazas, enfrentamientos, asaltos, actos terroristas o insurreccionales, independientemente de si su origen es el crimen organizado u otro tipo de actores o los fenómenos naturales(Cv)
Hemos omitido del modelo a los partidos políticos, ya que se implica su presencia en Cpe. Los organismos como: Comisión Política, Comisión Negociadora, Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, de la Sección XXII, etc.,etc., las denominados en el modelo “variables de relación”, ya que su presencia media entre las variables explícitas, e influye en su interacción.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables afecta el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables puede afectar el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE en su relación con el gobierno del estado. Las flechas con línea continua representa un efecto directo, las flechas con línea punteada, significan que para hacer sentir su efecto, la variable requiere de la intermediación de un organismo de gobierno de la Sección XXII: Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, Pre-Congreso, etc., etc. Todas las relaciones entre las variables, representan la “circulación” de información, pertinente para cierto tipo de actores.
El modelo, propone relaciones hipotéticas entre las variables y asumimos que el cambio de “estado” del sistema, permite describir un escenario diferente en función de la o las variables “independientes” que se elijan como referentes.
No es de ningún modo recomendable tomar decisiones anticipadas a partir de escenarios posibles, sin embargo es conveniente considerarlos como referentes para evaluar situaciones reales que pueden conducir o no a ellos.
Nos interesa analizar posibles escenarios en la relación Sección XXII del SNTE y la administración del gobierno del estado que entrará en funciones a partir del 1º de diciembre del presente año (2010). Nos hemos fijado como horizonte para nuestro análisis, el año de 2012, en vista de que en ese año, se darán definiciones políticas nacionales que modificarán el contexto en el que se dará la relación Sección XXII del SNTE y el Gobierno del estado y ese cambio alterará las tendencias de las variables bajo análisis.
En términos generales, los escenarios posibles se podrían agrupar en dos grupos: un grupo, comprendería aquellos en los que el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE llegan al acuerdo de impulsar juntos la mejora de los servicios educativos y de revisar las demandas laborales del sindicato sin alterar la prestación de dicho servicio, ni perjudicar a terceros en sus derechos. Estos escenarios, aunque poco probables, son del todo posibles. Otro grupo de escenarios es aquel en el que la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, es conflictiva en diferentes grados. El primer grupo de escenarios, aunque interesantes, no plantean ningún problema, podrían ser vistos, en todo caso, como escenarios-solución. Preocupan en cambio, aquellos que podrían entorpecer las funciones de gobierno, una de ellas estratégica, como la de ofrecer servicios de educación a la población.
Lo que sigue, es el adelanto de un trabajo que realizo para construir escenarios que eventualmente presenten riesgos para la educación en el estado, un conjunto de ellos, como he dicho, tiene como centro, la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE, bajo la hipótesis de conflictividad.
En el marco de esta hipótesis, se da cierta tensión en la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII del SNTE a la que denominamos “conflictividad”, misma que puede variar a partir de la influencia de varios factores o situaciones. Aunque la conflictividad refiere casi siempre a una relación entre oponentes que buscan dominarse uno al otro, que no es exactamente el caso de la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, utilizamos este concepto para describir la relación entre dos actores que en Oaxaca se oponen en términos semejantes a como se considera a los sujetos en la teoría de juegos: no se trata en este caso de dominar, sino de ganar.
Lo que dificulta comprender la relación entre el gobierno del estado y la Sección XXII, es la complejidad interna de dicho organismo sindical, que no permite suponer una toma de decisiones a partir de conductas “racionales” de un sujeto, ya que si bien esas decisiones existen, se subsumen a la dinámica interna de los grupos al interior de ese sindicato.
Presentaremos algunos escenarios posibles derivados de esa relación de conflictividad y estimaremos la probabilidad de su realización, dicha probabilidad es subjetiva y se basa en el conocimiento de la estructura y el contexto de nuestro objeto de estudio.
Para construir los escenarios, hemos seleccionado un conjunto de variables que permiten simplificar la descripción de los estados futuros de las relaciones y sus efectos en todo el sistema.
I. EL MODELO
Conflictividad de la Sección XXII (F22). Esta variable, la definimos como el conjunto de acciones que la Sección XXII lleva a cabo, derivadas de su relación con el gobierno del estado y federal, para lograr sus propósitos estratégicos. Dichas acciones, serán conflictivas, en tanto que afecten los derechos constitucionales de la población, violenten las leyes establecidas, propicien o realicen acciones delictivas o llamen francamente a la insurrección contra el orden establecido, como sucedió en el 2006. El nivel de conflictividad puede ser bajo, moderado o alto, dependiendo del tipo de acciones que realicen, su duración, intensidad, el tamaño del territorio o población que afecten, los procesos económicos que dañen, el grado en que disminuyan la efectividad del gobierno y su legitimidad. Un escenario 100% conflictivo, reproduciría las condiciones del 2006 sobre las que tenemos bastante información.
Algunos de los elementos que influyen en la variabilidad de la conflictividad de F22 son:
El tipo y contenido de sus demandas (Tcd), el nivel de satisfacción de las necesidades de los niveles educativos (Sne), las pugnas y lucha interna de los grupos que operan al interior de la Sección XXII (Lgi), las necesidades planteadas por el servicio público de educación (Spe), las pugnas internas por el poder al interior de la administración pública (Fint) y las exigencias de las organizaciones sociales (Fong).
Otro conjunto es el que llamamos variables de contexto:
Los efectos de la situación económica nacional sobre la población del estado (Cec). Los efectos que producen las acciones de los partidos políticos para ganar en las elecciones del 2012 (Cpe), el efecto que produce en la población y las organizaciones sociales la violencia y el miedo: asesinatos, heridos, encarcelamientos, secuestros, amenazas, enfrentamientos, asaltos, actos terroristas o insurreccionales, independientemente de si su origen es el crimen organizado u otro tipo de actores o los fenómenos naturales(Cv)
Hemos omitido del modelo a los partidos políticos, ya que se implica su presencia en Cpe. Los organismos como: Comisión Política, Comisión Negociadora, Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, de la Sección XXII, etc.,etc., las denominados en el modelo “variables de relación”, ya que su presencia media entre las variables explícitas, e influye en su interacción.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables afecta el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE.
En la figura 1, podemos observar el sentido en que cada una de las variables puede afectar el nivel de conflictividad de la Sección XXII del SNTE en su relación con el gobierno del estado. Las flechas con línea continua representa un efecto directo, las flechas con línea punteada, significan que para hacer sentir su efecto, la variable requiere de la intermediación de un organismo de gobierno de la Sección XXII: Asamblea Estatal, Pre-Pleno, Congreso Político, Pre-Congreso, etc., etc. Todas las relaciones entre las variables, representan la “circulación” de información, pertinente para cierto tipo de actores.
El modelo, propone relaciones hipotéticas entre las variables y asumimos que el cambio de “estado” del sistema, permite describir un escenario diferente en función de la o las variables “independientes” que se elijan como referentes.
lunes, 25 de octubre de 2010
ASESINATOS, VIOLENCIA Y TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA
El 23 de octubre de 2010, fue asesinado Heriberto Pazos Ortiz, líder histórico del Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT). El móvil del crimen, él o los autores intelectuales (y puede que hasta los autores materiales), podrían quedar, como ha ocurrido en muchos otros casos de asesinatos, sin esclarecer y fuera del alcance de las autoridades.
El crimen fue cometido a unas semanas de que el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, asuma el poder, y con ese hecho despreciable, se satura el ambiente de miedo y de zozobra.
El sentir del ciudadano común, es de temor e inseguridad; nadie le puede garantizar que no ocurrirá que en la calle o en algún lugar público, se desate una balacera que le cause daño a él o a sus familiares. Tampoco pueden asegurarle que de ocurrir, los culpables pagarán sus culpas como lo manda a la ley. El miedo se acompaña con la sensación de que la autoridad no existe o es incapaz de aplicar la ley; en el fondo de nosotros, pensamos que sólo contamos con nuestras propias fuerzas para defendernos o para hacer justicia. Estos sentimientos, han provocado en otros lugares del país y de Oaxaca, linchamientos o intentos de hacerlo. Los criminales, en cambio, encuentran una situación propicia para cometer impunemente sus actos ilegales contra quien se encuentre bajo su mira: la violencia en un estado de anomia, provoca más violencia.
Algunas organizaciones sociales que luchan por la defensa de los más vulnerables, se han pronunciado tímidamente contra los asesinatos. Quizás no sepan que en las actuales condiciones, aumenta el riesgo de que ellas y sus líderes sean posibles blancos de sus enemigos.
Hasta ahora, ninguna organización, salvo el MULT, por obvias razones, ha llamado a la movilización, y menos aún a la integración de un frente amplio contra la represión y la violencia; sus intereses particulares y sus diferencias, han prevalecido por encima de ese elemental principio de unidad en la lucha democrática.
Las embestidas contra los dirigentes de masas, van minando poco a poco las fuerzas del movimiento democratizador de la sociedad; tal es ahora el caso del MULT, su debilidad más evidente es la falta de cuadros formados que sustituyan gradualmente a la dirección histórica de ese movimiento. Con el asesinato de Heriberto Pazos, esa debilidad podría reflejarse en una crisis interna. La sola movilización y la disciplina, no resolverán el problema del MULT, será necesaria la construcción de su dirección colectiva, cohesionada, real, pero organizada de tal manera que se cuide la seguridad de todos y cada uno de sus integrantes. Las condiciones actuales de Oaxaca, le exigen al MULT actuar con suma responsabilidad de cara al movimiento popular.
Pero ni al MULT, ni a ninguna otra organización democrática, debe perdérsele de vista que, además de la lucha por esclarecer los hechos criminales y el castigo a los culpables del asesinato de Beto Pazos y de otros líderes sociales, está la urgencia de construir en Oaxaca la transición hacia la democracia. La violencia, el miedo y la desconfianza generalizados, no deben reducir la voluntad del pueblo a una simple alternancia en el poder.
Las organizaciones de masas requieren de un espacio de interlocución abierta con el poder legítimamente constituido; construir ese espacio es una tarea a realizar, para poder llegar a acuerdos y convertir las propuestas en líneas de acción de gobierno, de lo contrario, todo se agotará en movilizaciones de mucha presión pero de pocos resultados.
Será tarea del gobierno entrante facilitar la construcción de esos espacios de representación ciudadana que equilibren la presencia de organizaciones sociales, mujeres, empresarios, campesinos, obreros, profesionistas, artistas y todos los sectores que constituyen a la sociedad en Oaxaca. El plan de gobierno debe formularse como lo establece la ley vigente, en efecto; pero para ser un referente que dé lugar a una dinámica elaboración de las políticas públicas que derivarán del diálogo y el debate abiertos, entre los actores sociales y el gobierno, en el que la cámara de diputados local, deberá jugar un papel importante, para darle obligatoriedad normativa a los acuerdos.
Los partidos políticos, con garantía plena de sus derechos, deberán abandonar, si las tienen, sus aspiraciones de constituirse en aparatos de poder, para en cambio ser promotores de la participación social, estructuras organizadoras y defensoras del voto ciudadano y organismos garantes de plataformas políticas que den sentido a la pluralidad y a las opciones para construir buenos gobiernos. Si los partidos políticos no se pronuncian públicamente contra los asesinatos y por una transición hacia la democracia que imponga la ley y haga respetar la voluntad del pueblo, se convertirán tarde o temprano en cómplices de la violencia y en promotores de un poder sin fundamento en el pueblo.
Referencia especial necesita el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca: su fuerza puesta al servicio de la transición democrática y la independencia sindical, reclama además su definición por una educación para el pueblo, por una alianza clasista al servicio de los hijos de los trabajadores quienes exigen un servicio educativo que impulse su propio desarrollo y el de sus comunidades, por un servicio donde lo público no se limite al control gubernamental, sino enfatice la ciudadanización de la gobernabilidad del sistema educativo. El MDTEO debería pronunciarse por una independencia sindical que supone renunciar al neocorporativismo que es fuente de corrupción y debilita al movimiento, en lugar de fortalecerlo en sus aspiraciones democráticas.
Si el MDTEO no se decide por la transición democrática y por la independencia sindical, corre el riesgo de propiciar una espiral de anarquía que en nada ayudará al movimiento de masas y en cambio contribuirá al río revuelto, donde ganarán de nuevo los mismos de siempre.
Estas son apenas algunas tareas que debemos plantearnos si queremos que la violencia sea erradicada de Oaxaca, so pena, de no hacerlo, de sufrir un estallido social. Es cierto que en el norte del país la guerra de la contrainsurgencia del narcotráfico versus el Estado, ya comenzó; no demos lugar ahora a que en el sur de país la insurgencia de la pobreza, haga justicia con su propia mano, cuando ahora tenemos la oportunidad de construir la democracia.
A muchos nos duele lo que pasa en el estado y deseamos que por la irreparable pérdida del amigo y compañero, y por toda la sangre derramada, vayamos más allá del minuto de silencio y del puño en alto. Al menos eso espero.
Hasta siempre, Heriberto Pazos.
El crimen fue cometido a unas semanas de que el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, asuma el poder, y con ese hecho despreciable, se satura el ambiente de miedo y de zozobra.
El sentir del ciudadano común, es de temor e inseguridad; nadie le puede garantizar que no ocurrirá que en la calle o en algún lugar público, se desate una balacera que le cause daño a él o a sus familiares. Tampoco pueden asegurarle que de ocurrir, los culpables pagarán sus culpas como lo manda a la ley. El miedo se acompaña con la sensación de que la autoridad no existe o es incapaz de aplicar la ley; en el fondo de nosotros, pensamos que sólo contamos con nuestras propias fuerzas para defendernos o para hacer justicia. Estos sentimientos, han provocado en otros lugares del país y de Oaxaca, linchamientos o intentos de hacerlo. Los criminales, en cambio, encuentran una situación propicia para cometer impunemente sus actos ilegales contra quien se encuentre bajo su mira: la violencia en un estado de anomia, provoca más violencia.
Algunas organizaciones sociales que luchan por la defensa de los más vulnerables, se han pronunciado tímidamente contra los asesinatos. Quizás no sepan que en las actuales condiciones, aumenta el riesgo de que ellas y sus líderes sean posibles blancos de sus enemigos.
Hasta ahora, ninguna organización, salvo el MULT, por obvias razones, ha llamado a la movilización, y menos aún a la integración de un frente amplio contra la represión y la violencia; sus intereses particulares y sus diferencias, han prevalecido por encima de ese elemental principio de unidad en la lucha democrática.
Las embestidas contra los dirigentes de masas, van minando poco a poco las fuerzas del movimiento democratizador de la sociedad; tal es ahora el caso del MULT, su debilidad más evidente es la falta de cuadros formados que sustituyan gradualmente a la dirección histórica de ese movimiento. Con el asesinato de Heriberto Pazos, esa debilidad podría reflejarse en una crisis interna. La sola movilización y la disciplina, no resolverán el problema del MULT, será necesaria la construcción de su dirección colectiva, cohesionada, real, pero organizada de tal manera que se cuide la seguridad de todos y cada uno de sus integrantes. Las condiciones actuales de Oaxaca, le exigen al MULT actuar con suma responsabilidad de cara al movimiento popular.
Pero ni al MULT, ni a ninguna otra organización democrática, debe perdérsele de vista que, además de la lucha por esclarecer los hechos criminales y el castigo a los culpables del asesinato de Beto Pazos y de otros líderes sociales, está la urgencia de construir en Oaxaca la transición hacia la democracia. La violencia, el miedo y la desconfianza generalizados, no deben reducir la voluntad del pueblo a una simple alternancia en el poder.
Las organizaciones de masas requieren de un espacio de interlocución abierta con el poder legítimamente constituido; construir ese espacio es una tarea a realizar, para poder llegar a acuerdos y convertir las propuestas en líneas de acción de gobierno, de lo contrario, todo se agotará en movilizaciones de mucha presión pero de pocos resultados.
Será tarea del gobierno entrante facilitar la construcción de esos espacios de representación ciudadana que equilibren la presencia de organizaciones sociales, mujeres, empresarios, campesinos, obreros, profesionistas, artistas y todos los sectores que constituyen a la sociedad en Oaxaca. El plan de gobierno debe formularse como lo establece la ley vigente, en efecto; pero para ser un referente que dé lugar a una dinámica elaboración de las políticas públicas que derivarán del diálogo y el debate abiertos, entre los actores sociales y el gobierno, en el que la cámara de diputados local, deberá jugar un papel importante, para darle obligatoriedad normativa a los acuerdos.
Los partidos políticos, con garantía plena de sus derechos, deberán abandonar, si las tienen, sus aspiraciones de constituirse en aparatos de poder, para en cambio ser promotores de la participación social, estructuras organizadoras y defensoras del voto ciudadano y organismos garantes de plataformas políticas que den sentido a la pluralidad y a las opciones para construir buenos gobiernos. Si los partidos políticos no se pronuncian públicamente contra los asesinatos y por una transición hacia la democracia que imponga la ley y haga respetar la voluntad del pueblo, se convertirán tarde o temprano en cómplices de la violencia y en promotores de un poder sin fundamento en el pueblo.
Referencia especial necesita el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca: su fuerza puesta al servicio de la transición democrática y la independencia sindical, reclama además su definición por una educación para el pueblo, por una alianza clasista al servicio de los hijos de los trabajadores quienes exigen un servicio educativo que impulse su propio desarrollo y el de sus comunidades, por un servicio donde lo público no se limite al control gubernamental, sino enfatice la ciudadanización de la gobernabilidad del sistema educativo. El MDTEO debería pronunciarse por una independencia sindical que supone renunciar al neocorporativismo que es fuente de corrupción y debilita al movimiento, en lugar de fortalecerlo en sus aspiraciones democráticas.
Si el MDTEO no se decide por la transición democrática y por la independencia sindical, corre el riesgo de propiciar una espiral de anarquía que en nada ayudará al movimiento de masas y en cambio contribuirá al río revuelto, donde ganarán de nuevo los mismos de siempre.
Estas son apenas algunas tareas que debemos plantearnos si queremos que la violencia sea erradicada de Oaxaca, so pena, de no hacerlo, de sufrir un estallido social. Es cierto que en el norte del país la guerra de la contrainsurgencia del narcotráfico versus el Estado, ya comenzó; no demos lugar ahora a que en el sur de país la insurgencia de la pobreza, haga justicia con su propia mano, cuando ahora tenemos la oportunidad de construir la democracia.
A muchos nos duele lo que pasa en el estado y deseamos que por la irreparable pérdida del amigo y compañero, y por toda la sangre derramada, vayamos más allá del minuto de silencio y del puño en alto. Al menos eso espero.
Hasta siempre, Heriberto Pazos.
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