La iniciativa de reforma de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca (Periódico Oficial. Nº extraordinario del 1º de diciembre de 2010. Decreto Núm. 6), enviada por el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, ha provocado una crisis de gabinete y desatado una polémica, en la que no todos pretenden contribuir a la comprensión de lo que está pasando; parece que las opiniones se han polarizado entre quienes defiende el “título” y quienes de algún modo le restan importancia.
El polémico artículo 14 de la nueva Ley orgánica dice:
“Artículo 14.- Para ser titular de una Secretaría o de los órganos auxiliares de la administración pública estatal se requiere:
(…)
III. Contar con título, cédula profesional o equivalente.”
(…)
Doy por sentado que es deseable y necesario que los funcionarios públicos además de profesionales en su área de trabajo, tengan una preparación certificada por alguna institución de educación superior (no patito). Para mí, el problema no es si se debe o no exigir un título universitario para ejercer una función pública; sino qué sucedió cuando el gobernador lo hizo, por qué lo hizo de esa manera y cuáles podrían ser las repercusiones.
La profesionalización del gabinete.
Si bien es deseable, y asumo el supuesto de que el gobernador así lo cree, que los miembros del gabinete posean un título universitario, ¿ por qué el gobernador Gabino Cué escogió el recurso de reformar la ley orgánica del poder ejecutivo?
Había por lo menos dos maneras menos problemáticas:
1. Invitar como colaboradores sólo a aquellos con título universitario, además de otras características deseables para el perfil que se le quiere dar al gabinete (facultad otorgada por el Art. 79. Fracc. V de la Constitución Política del Estado de Oaxaca). Este ha sido el método que tradicionalmente han empleado los gobernadores para conformar sus equipos y darles una identidad determinada, ya sea para buenos o malos propósitos.
2. Establecer en el manual de organización, en la parte relativa a los profesiogramas de cada puesto, la exigencia del grado académico o incluso nivel de especialización deseado para el cargo, y dejar que la contraloría se encargara de que se cumpliera lo dispuesto, con las sanciones correspondientes para el caso de que alguien violara la norma.
Una tercera, que no incluyo porque sería igualmente problemática que la reforma a la ley orgánica, es el método de un acuerdo del gobernador para los mismos efectos: exigir el título, la cédula y todo lo demás.
Estas maneras o formas de integrar el gabinete, estarían de acuerdo con las leyes vigentes y ayudarían a especificar su contenido por la intención de darle al equipo del gobernador una identidad determinada. ¿ Por qué entonces no se empleó ninguna de ellas y sí el de la reforma de la ley orgánica?
Los posibles motivos.
a. Error involuntario. El gobernador del estado no pretendía incluir esa exigencia en la nueva ley orgánica y una falta de revisión al proyecto fue el motivo. Es muy difícil creer que un error de ese tipo se haya cometido, pero ha habido casos en la administración pública, incluso en la federal, donde un error se filtró y tuvo después carácter de ley.
b. Parte de una estrategia para acotar, en el marco de la alianza, a un sector de los aspirantes a ocupar cargos públicos. Aunque es posible que este haya sido el motivo, ya que se acostumbra en la administración pública en México, hacer reformas legales con dedicatoria, surge la pregunta de: ¿por qué no se antepuso la ley a los prospectos, y en cambio se les tomó protesta, para después ponerlos en evidencia exigiéndoles lo que no tienen?
c. Avanzar en la reforma del Estado. La reforma enviada por Gabino Cué, acota las facultades del gobernador ( Art. 79, fracc. V de la constitución local), y podría pensarse que es una especie de anticipo a una más profunda reforma del Estado; pero ¿por qué no reformar en todo caso la constitución? No haberlo hecho implica que ahora la nueva ley orgánica pueda ser calificada como inconstitucional, y que el único que puede no tener título o cédula profesional sea el mismísimo gobernador del estado.
d. Pagar facturas en falso. Otro motivo posible, deriva de las presiones que posiblemente tuvo el gobernador para incluir en su gabinete a elementos de las diversas fuerzas que se aliaron para hacerlo ganar, pero que él no estaba dispuesto a aceptar. Eso explica que la reforma haya entrado al cuarto para las doce y que no haya objetado las propuestas y dejar que el congreso hiciera parte del trabajo de vetar los nombramientos.
El gobernador pudo tener alguno o todos estos motivos para reformar la ley orgánica de la forma en que lo hizo, lo cierto es que los efectos de su proceder pueden tener consecuencias para la gobernabilidad del estado.
Aunque existe la posibilidad de que no pasé nada, es preferible suponer que habrá reacciones para prever cursos de acción y, dado el caso, reducir el impacto de los conflictos.
Es difícil creer que los hombres y mujeres que, habiendo sido aceptados por el gobernador para ocupar cargos públicos y después exhibidos públicamente en sus supuestas carencias, a tal grado que uno hasta cometió un delito para sortear la pena, se queden como si nada hubiera pasado. No va con la naturaleza humana, ni con el estilo de ser de los oaxaqueños. Por ello es posible que las acciones revanchistas no se hagan esperar, y no sólo por parte de los individuos afectados, sino por las fuerzas que de algún modo representan.
Hay un viejo dicho atribuido a Don Jesús Reyes Heroles: En política, la forma es fondo. Creo que en este caso, a alguien se le olvidó recordárselo al señor Gobernador.
jueves, 23 de diciembre de 2010
ACUERDOS Y DESACUERDOS: EL VI PRE-PLENO DE LA SECCIÓN XXII DEL SNTE
Han finalizado los trabajos del VI Pre-pleno de la Sección XXII del SNTE y las cosas no pintan bien. Dos acuerdos llaman primero nuestra atención: el desconocimiento de la secretaria general de gobierno, Irma Piñeyro y la demanda de destitución del director general del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares. El primero de los acuerdo lo anunciaron los dirigentes magisteriales con el argumento de que la Sra. Piñeyro era una carta de Elba Esther Gordillo en el gabinete del gobernador Cué Monteagudo; pero el segundo, aunque argumentan las mismas razones, obedece a otras circunstancias.
La opinión que el director general del IEEPO ofreció a la prensa local, puso de manifiesto su interés de que los integrantes de la sección 59 del SNTE, se reintegraran a la sección XXII y en otras declaraciones, prácticamente desconoció a la sección 59 como gestora válida de los asuntos de los trabajadores de la educación; tanto así, que el propio gobernador Gabino Cué, tuvo que salir al paso y matizar la posición del gobierno del estado al respecto.
Al asumir estas posiciones, se mostraba no sólo la disciplina del director del IEEPO para con la posible política oficial; sino también se quería enviarle a los trabajadores de la educación de la sección XXII un mensaje que suavizara sus debates en el pre-pleno. De cualquier manera, la reacción de la sección 59 no se hizo esperar y criticó al gobierno del estado por entrometerse en asuntos del SNTE.
Sin embargo, tanto cuidó el director del IEEPO no cometer errores al tocar el tema del conflicto entre las secciones sindicales, que descuidó la relación con las expresiones políticas de la sección XXII: la percepción que tuvieron los grupos al interior del sindicato, fue que el gobierno del estado privilegiaba la relación con algunas corrientes y sus organizaciones afines; pero que no estaba dispuesto a dialogar con todas, sino hasta después del pre-pleno. La respuesta a esta política, la tenemos ahora a la vista. Lo curioso del caso es que la sección XXII, exige hoy la destitución de quien se mostró como su principal aliado y la sección 59, quizás hasta celebre que la XXII lo libere de un enemigo declarado.
Otro acuerdo es el de la conformación de una comisión negociadora ampliada. Este tipo de comisión es un recursos que utilizan las expresiones al interior de la sección XXII cuando quieren neutralizar a la comisión política y más directamente, al secretario general en turno para así ponerse al frente de las negociaciones de manera más “democrática”, y no permitir que unos cuantos monopolicen los acuerdos y relaciones con el gobernador, como sucedió en el año 2005 y que dio como resultado la comisión ampliada que dirigió al magisterio durante el conflicto del 2006, con los resultados que conocemos. De lo que todo esto le afecta, Azael Santiago Chepi no parece darse cuenta, o lo disimula bien.
El establecimiento de una comisión permanente de honor y justicia, sólo puede interpretarse como una clara amenaza para todos los que pretendan negociar en lo obscurito con el gobierno del estado; pero también para quienes pronto sufrirán la aplicación del principio rector 20.
En esto también está implicada la situación de los niveles educativos en los que se ha desatado la corrupción. Un caso elocuente es el de secundarias generales, donde el jefe del departamento está acorralado por quienes venden plazas y quieren que él sólo autorice las asignaciones, mientras ellos siguen con su negocio. Ya se acordó una comisión investigadora y de aquí es previsible esperar el recrudecimiento del conflicto interno.
En mi opinión, el gobierno del estado no supo reaccionar adecuadamente en función de la complejidad del IEEPO y de la velocidad con que se suscitan los hechos al interior de las secciones sindicales.
Por lo pronto, el acuerdo de exigir la destitución de Bernardo Vásquez Colmenares pone a las expresiones en condiciones de negociar directamente con el gobernador del estado y tomar acuerdos sobre sus asuntos; de lo contrario harán efectivo el desconocimiento del actual director del IEEPO. Si el gobernador no accede, irán incrementando la presión e intensificando las movilizaciones en todo el estado hasta llegar, si lo creen necesario, a romper la “mesa de negociaciones”.
Es lamentable que los dirigentes magisteriales con sus acuerdos, pongan en riesgo no sólo la paz pública, sino la integridad de su propio movimiento. La administración del gobernador Gabino Cué, goza aún del bono democrático que el pueblo le otorgó en las pasadas elecciones y puede hacer valer su autoridad; por otra parte, la sección XXII no tiene la simpatía de una gran parte de la población.
Conforme se acerque el mes de mayo, las cosas se complicarán aún más, será la primera vez que el gobierno de Gabinó Cué negocie formalmente con la sección XXII (¿y con la 59?). En todo esto, no sólo se trata de buscar una salida al eventual conflicto, sino de avanzar en la mejora del servicio educativo y garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca.
La opinión que el director general del IEEPO ofreció a la prensa local, puso de manifiesto su interés de que los integrantes de la sección 59 del SNTE, se reintegraran a la sección XXII y en otras declaraciones, prácticamente desconoció a la sección 59 como gestora válida de los asuntos de los trabajadores de la educación; tanto así, que el propio gobernador Gabino Cué, tuvo que salir al paso y matizar la posición del gobierno del estado al respecto.
Al asumir estas posiciones, se mostraba no sólo la disciplina del director del IEEPO para con la posible política oficial; sino también se quería enviarle a los trabajadores de la educación de la sección XXII un mensaje que suavizara sus debates en el pre-pleno. De cualquier manera, la reacción de la sección 59 no se hizo esperar y criticó al gobierno del estado por entrometerse en asuntos del SNTE.
Sin embargo, tanto cuidó el director del IEEPO no cometer errores al tocar el tema del conflicto entre las secciones sindicales, que descuidó la relación con las expresiones políticas de la sección XXII: la percepción que tuvieron los grupos al interior del sindicato, fue que el gobierno del estado privilegiaba la relación con algunas corrientes y sus organizaciones afines; pero que no estaba dispuesto a dialogar con todas, sino hasta después del pre-pleno. La respuesta a esta política, la tenemos ahora a la vista. Lo curioso del caso es que la sección XXII, exige hoy la destitución de quien se mostró como su principal aliado y la sección 59, quizás hasta celebre que la XXII lo libere de un enemigo declarado.
Otro acuerdo es el de la conformación de una comisión negociadora ampliada. Este tipo de comisión es un recursos que utilizan las expresiones al interior de la sección XXII cuando quieren neutralizar a la comisión política y más directamente, al secretario general en turno para así ponerse al frente de las negociaciones de manera más “democrática”, y no permitir que unos cuantos monopolicen los acuerdos y relaciones con el gobernador, como sucedió en el año 2005 y que dio como resultado la comisión ampliada que dirigió al magisterio durante el conflicto del 2006, con los resultados que conocemos. De lo que todo esto le afecta, Azael Santiago Chepi no parece darse cuenta, o lo disimula bien.
El establecimiento de una comisión permanente de honor y justicia, sólo puede interpretarse como una clara amenaza para todos los que pretendan negociar en lo obscurito con el gobierno del estado; pero también para quienes pronto sufrirán la aplicación del principio rector 20.
En esto también está implicada la situación de los niveles educativos en los que se ha desatado la corrupción. Un caso elocuente es el de secundarias generales, donde el jefe del departamento está acorralado por quienes venden plazas y quieren que él sólo autorice las asignaciones, mientras ellos siguen con su negocio. Ya se acordó una comisión investigadora y de aquí es previsible esperar el recrudecimiento del conflicto interno.
En mi opinión, el gobierno del estado no supo reaccionar adecuadamente en función de la complejidad del IEEPO y de la velocidad con que se suscitan los hechos al interior de las secciones sindicales.
Por lo pronto, el acuerdo de exigir la destitución de Bernardo Vásquez Colmenares pone a las expresiones en condiciones de negociar directamente con el gobernador del estado y tomar acuerdos sobre sus asuntos; de lo contrario harán efectivo el desconocimiento del actual director del IEEPO. Si el gobernador no accede, irán incrementando la presión e intensificando las movilizaciones en todo el estado hasta llegar, si lo creen necesario, a romper la “mesa de negociaciones”.
Es lamentable que los dirigentes magisteriales con sus acuerdos, pongan en riesgo no sólo la paz pública, sino la integridad de su propio movimiento. La administración del gobernador Gabino Cué, goza aún del bono democrático que el pueblo le otorgó en las pasadas elecciones y puede hacer valer su autoridad; por otra parte, la sección XXII no tiene la simpatía de una gran parte de la población.
Conforme se acerque el mes de mayo, las cosas se complicarán aún más, será la primera vez que el gobierno de Gabinó Cué negocie formalmente con la sección XXII (¿y con la 59?). En todo esto, no sólo se trata de buscar una salida al eventual conflicto, sino de avanzar en la mejora del servicio educativo y garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca.
domingo, 5 de diciembre de 2010
TENSIONES Y DECISIONES EN EL NUEVO GOBIERNO
Las primeras decisiones que ha tomado el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dejan entrever cierta tensión entre una racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, al viejo estilo priísta. Abandonar esta dualidad de referentes en la toma de decisiones no será, al parecer, una tarea fácil para el nuevo gobierno.
Las declaraciones del gobernador electo, previas a la integración del gabinete, hacían pensar en una selección racional y democrática de los funcionarios; proceso que estaría supeditado a la naturaleza, objetivos, metas y estrategias del plan de gobierno. Sin embargo, la designación de varios miembros del gabinete, parece obedecer más a las presiones de los partidos que integraron la alianza electoral, que a un perfil adecuado al plan, cuyos lineamientos generales se esbozaron en el discurso de toma de protesta del licenciado Gabino Cué.
No podemos generalizar al afirmar que los nuevos funcionarios desconocen el funcionamiento y el nivel de complejidad de las áreas bajo su responsabilidad; pero en algunos casos, el aprendizaje tendrá un alto costo para el gobernador, tanto en términos políticos como de eficiencia y eficacia administrativa.
El bono democrático que el electorado le dio a la actual administración, puede agotarse rápidamente si no se elimina la tensión entre los referentes de la toma de decisiones. Lo anterior significa, que el gobernador Gabino Cué puede perder la credibilidad de la población y por tanto debilitarse su liderazgo. Ante esto, se plantearían dos caminos igualmente inconvenientes: el retorno al autoritarismo o a la actitud del dejar hacer y dejar pasar.
Como las presiones de los grupos de interés, no dejará paso libre a la racionalidad democrática, de poco sirve plantear una administración transparente de los recursos públicos, si se llega a sospechar que su aplicación responde a intereses particulares y no al bien común, o ¿la transparencia justificaría el fin, cualquiera que éste sea?
El gobernador debe cuidarse además, de no caer en los excesos legisladores. Las leyes con un nuevo espíritu, como las que ya propuso al congreso, son sólo una parte del proceso de construcción de la democracia, su complemento es la realidad de la conducta de los sujetos políticos y su cultura, pues estos últimos siempre tendrán manera de sortear los dictados de la ley, sin violarla, para cumplir propósitos perversos. Es preferible que las iniciativas de reforma de los códigos, sobre todo políticos, estén orientadas a regular realidades más que a construir quimeras.
En otras palabras, si predomina la presión de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobernador Cué Monteagudo, corre el riesgo de que la transparencia de su administración y la novedad en las iniciativas de reformas legales, terminen siendo parte de su caricatura política, más que una contribución al cambio democrático en Oaxaca. Con el ex presidente Fox sucedió algo parecido.
Resolver la tensión entre los referentes de racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, pasa por la construcción de una nueva relación con los partidos políticos y con las organizaciones sociales y los sindicatos; una relación de cara al pueblo, donde los acuerdos o compromisos respondan a las necesidades y prioridades de la población y donde los actores políticos, den garantía de su representatividad y dejen de especular con membretes rimbombantes. En todo esto, los diputados deberían jugar un papel importante haciendo efectiva la representatividad de sus distritos. Mal haría un diputado en reconocer que la representación en su distrito electoral la tiene, de hecho, otra persona u organización. No niego la existencia de las minorías; pero si no pudieron ganar la elección en su distrito, menos deben monopolizar la gestión ante el nuevo gobierno. Aquí es donde se verá si el triunfo electoral es igual a la legitimidad política, o cada uno se construye por separado.
Las declaraciones del gobernador electo, previas a la integración del gabinete, hacían pensar en una selección racional y democrática de los funcionarios; proceso que estaría supeditado a la naturaleza, objetivos, metas y estrategias del plan de gobierno. Sin embargo, la designación de varios miembros del gabinete, parece obedecer más a las presiones de los partidos que integraron la alianza electoral, que a un perfil adecuado al plan, cuyos lineamientos generales se esbozaron en el discurso de toma de protesta del licenciado Gabino Cué.
No podemos generalizar al afirmar que los nuevos funcionarios desconocen el funcionamiento y el nivel de complejidad de las áreas bajo su responsabilidad; pero en algunos casos, el aprendizaje tendrá un alto costo para el gobernador, tanto en términos políticos como de eficiencia y eficacia administrativa.
El bono democrático que el electorado le dio a la actual administración, puede agotarse rápidamente si no se elimina la tensión entre los referentes de la toma de decisiones. Lo anterior significa, que el gobernador Gabino Cué puede perder la credibilidad de la población y por tanto debilitarse su liderazgo. Ante esto, se plantearían dos caminos igualmente inconvenientes: el retorno al autoritarismo o a la actitud del dejar hacer y dejar pasar.
Como las presiones de los grupos de interés, no dejará paso libre a la racionalidad democrática, de poco sirve plantear una administración transparente de los recursos públicos, si se llega a sospechar que su aplicación responde a intereses particulares y no al bien común, o ¿la transparencia justificaría el fin, cualquiera que éste sea?
El gobernador debe cuidarse además, de no caer en los excesos legisladores. Las leyes con un nuevo espíritu, como las que ya propuso al congreso, son sólo una parte del proceso de construcción de la democracia, su complemento es la realidad de la conducta de los sujetos políticos y su cultura, pues estos últimos siempre tendrán manera de sortear los dictados de la ley, sin violarla, para cumplir propósitos perversos. Es preferible que las iniciativas de reforma de los códigos, sobre todo políticos, estén orientadas a regular realidades más que a construir quimeras.
En otras palabras, si predomina la presión de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobernador Cué Monteagudo, corre el riesgo de que la transparencia de su administración y la novedad en las iniciativas de reformas legales, terminen siendo parte de su caricatura política, más que una contribución al cambio democrático en Oaxaca. Con el ex presidente Fox sucedió algo parecido.
Resolver la tensión entre los referentes de racionalidad democrática y la presión de los grupos de interés, pasa por la construcción de una nueva relación con los partidos políticos y con las organizaciones sociales y los sindicatos; una relación de cara al pueblo, donde los acuerdos o compromisos respondan a las necesidades y prioridades de la población y donde los actores políticos, den garantía de su representatividad y dejen de especular con membretes rimbombantes. En todo esto, los diputados deberían jugar un papel importante haciendo efectiva la representatividad de sus distritos. Mal haría un diputado en reconocer que la representación en su distrito electoral la tiene, de hecho, otra persona u organización. No niego la existencia de las minorías; pero si no pudieron ganar la elección en su distrito, menos deben monopolizar la gestión ante el nuevo gobierno. Aquí es donde se verá si el triunfo electoral es igual a la legitimidad política, o cada uno se construye por separado.
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