domingo, 10 de enero de 2010

CUANDO EL PASADO NOS ALCANCE

Hemos llegado al 2010 y cobran fuerza las profecías. La historia muestra que casi todas las naciones en crisis, presentan el mismo fenómeno: el hartazgo social se sublima en evangelios o se expresa en amargas profecías. En México sucede algo similar, los profetas de la revolución anuncian la insurrección armada del pueblo; no se dan cuenta que el levantamiento popular comenzó hace diez años.
La guerra que vivimos en estos tiempos, ciertamente es la expresión de la lucha violenta contra el crimen organizado; pero no hay que perder de vista que quienes hoy toman las armas contra el ejército nacional, son mexicanos que al parecer no vieron otra alternativa que la ilegalidad y hacer la guerra a las instituciones. Es parte del pueblo en armas, que combate sin el romanticismo de la revolución, es una lucha contra el crimen que toma la forma de guerra civil. Nuestros profetas no están equivocados, sólo predican con retraso.
Nadie niega la necesidad de combatir al narcotráfico y someterlo al orden constitucional, pero debemos reconocer que quienes mueren del otro lado, son mexicanos y que es doloroso que muera uno sólo de nosotros, por la razón que sea. De modo que urge superar esta situación de violencia y muerte, y para ello necesitamos de un gobierno fuerte, legitimado sin sombra de duda y ciertamente al servicio de todos los mexicanos.
La crisis económica no es la mejor condición para resolver el problema del narcotráfico, ni ningún otro. Las medidas adoptadas por el gobierno federal no son una solución para el pueblo, sino para que una minoría pueda sortear la crisis económica a expensas de los demás. Está más que documentado que existen formas de superar la situación que actualmente vive el país, lo que no hay es voluntad de resolver las dificultades con base en el bien común. Por eso, entre otras cosas, es necesario transformar el sistema político, de manera que lleguen al gobierno y sean representantes del pueblo, nuestros mejores hombres y mujeres.
Si se realizara la reforma política, nos quedaría aún el problema de la eticidad en dicha actividad. Este es un asunto que se resuelve con una educación de nuevo tipo, pero no podemos, por ahora, más que confiar que existen hombres y mujeres con la moral necesaria para poner en movimiento las potestas de las que habla Enrique Dussel ( Política de la liberación. Vol. II. Ed. Trotta.2009)
Pero una transformación política sin contenido, es como un barco sin rumbo, que cuenta con un buen capitán y una tripulación experta; pero sin la menor idea del puerto en el que habrán de atracar. Es por tanto también necesario, darle contenido a la reforma política, dar respuesta a la pregunta: ¿Qué país queremos?.
La revista Nexos publicó en su último número, los resultados de una encuesta en la que se le pregunta a los mexicanos qué tipo de país les gustaría que fuera México. Por la ingenuidad y lo irrelevante de sus resultados, no me parece de interés comentar las conclusiones del estudio; sólo diré que esa no es la forma de hacer las cosas; sin duda hay otra, a la que me referiré enseguida:
Desafortunadamente, la mayoría de los mexicanos, agobiados por la pobreza y la marginación, resumen su sentir en la necesidad de seguridad, alimento, salud y tal vez educación; es decir, lo que cualquier persona de cualquier país querría para sí y para su familia. Esos mexicanos no tienen tiempo ni paciencia para diseñar el sistema social que sería capaz de dotarlos de todo aquello que necesitan, esa es tarea de los hombres y mujeres ilustrados de México, en ellos cabe delegar esa función en la medida en que se comprometan a hacerlo por el bien común.
Hoy que los festejos del bicentenario de la Independencia nacional y el centenario de la Revolución de 1910 se iniciarán, bien podría realizarse un programa conmemorativo sobre tres ejes: un programa nacional anticrisis, un frente nacional por la transformación del sistema político y un proceso de reflexión histórica sobre nuestra independencia nacional y la revolución social.
La primera tarea le corresponde al gobierno y a quienes actúan en el campo de lo económico, la segunda al pueblo organizado y a quienes se asumen como sus representantes y la última a los intelectuales del país.
La reflexión histórica sobre la independencia y la revolución, debe orientarse hacia la formulación de un balance del estado que guarda la nación después de doscientos años de independencia y un siglo de revolución, y las perspectivas que se nos presentan para cumplir con los objetivos planteados para México desde esos dos procesos históricos, que son mediados, además, por la construcción de la república liberal juarista.
Es esa una tarea difícil y compleja; pero impostergable. Si el 2010 es un año definitivo, lo es por la necesidad de construir un proyecto de nación que le dé sentido y coherencia a nuestro desarrollo y no por la fatalidad de una insurrección social, que como he dicho, ha iniciado ya en cierta forma.
En Oaxaca, las comisiones públicas de los festejos de la independencia y la revolución deberían propiciar un programa con la orientación señalada, de lo contrario, bastará con algunos juegos florales, dos o tres publicaciones y un concurso de oratoria para que se den por satisfechos. Todo habrá sido en vano.
Si por el contrario asumen, desde la función pública, un compromiso con los dos procesos históricos que pretenden celebrar, al menos tendrían que incluir los dos últimos ejes del programa propuesto. Los profesionistas, intelectuales, artistas, las universidades e institutos de educación superior y las organizaciones sociales, tienen mucho que aportar a la luz de lo que significan la independencia y la revolución mexicanas. Este año del 2010, podemos aprovecharlo para formular el proyecto de país que anhelamos, acotado por lo que nos dice la experiencia de nuestra propia historia.
Cuando sepamos servirnos de la historia para comprender nuestro presente y potenciar nuestra capacidad para diseñar el futuro, cuando el pasado nos alcance en nuestro alocada huida hacia un futuro incierto, los mexicanos seremos un pueblo poderoso y justo, capaz de construir una gran nación, rica, equitativa e independiente. Oaxaca tiene mucho que hacer en todo esto.

sábado, 2 de enero de 2010

EL MATRIMONIO LÉSBICO-GAY. ¿REFORMA DE LA REVOLUCIÓN?

El 22 de diciembre de 2009, los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, dieron a conocer que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, había reformado el código civil para ese territorio, modificando lo relativo al matrimonio y permitiendo la adopción de niños por parejas lésbico-gays.

La reacción fue casi inmediata, los sectores más conservadores de México manifestaron su desacuerdo y reprobaron la reforma. La jerarquía de la iglesia católica, y poco después los pastores de las denominaciones evangelistas, hicieron lo mismo, señalando que el matrimonio entre personas del mismo sexo era inadmisible y que esa institución y sacramento, estaba reservado sólo para realizarse entre hombres y mujeres y cuyo fin primordial era procrear y dar lugar a una familia.

La reforma del código civil, que permite ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo, es el resultado de una larga lucha de la comunidad lésbico-gay, contra la represión, la discriminación y la conculcación de sus derechos.

Hasta hace apenas tres décadas, los homosexuales en México eran objeto de razzias, violencia y cárcel por parte de las autoridades, sin importar que se violaran sus derechos más elementales. Además de la represión del Estado, muchos homosexuales sufrían el desprecio de sus propios padres y hermanos en sus familias al grado que no pocos, decidieron suicidarse porque consideraban la situación insoportable para un ser humano.

En México los homosexuales tenían que vivir prácticamente en la clandestinidad: en su casa, en la escuela, en el trabajo y hasta en los lugares públicos, la población lésbico-gay debía ocultarse para no ser objeto de burla y violencia, sólo por tener preferencias sexuales diferentes a las llamadas “normales”.

Ningún ser humano deja de serlo por el color de su piel, por sus creencias, nacionalidad, sexo, edad o preferencia erótica, por tanto, sus derechos humanos y constitucionales, no pierden vigencia en ningún lugar, en ningún momento y por ningún motivo.

En muchas partes del mundo, y particularmente en nuestro país, se discriminaba, reprimía y violaban los derechos de la población lésbico-gay; y lo que ya era mucho pedir: se negaba la posibilidad de crear instituciones y leyes mediante las cuales el resultado de sus preferencias sexuales, estuviera regulado y tutelado por el Estado y la sociedad.

Fue hasta los años 70s que algunas organizaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Acción Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet, decidieron emprender una lucha frontal y abierta contra las razzias y la defensa de los derechos de la población lésbico-gay. El resultado de las movilizaciones fue, en primer lugar, el crecimiento en número de los participantes en la lucha: los homosexuales ocultos en el closet, salieron a la luz pública insumisos y dispuestos a defender su dignidad humana.

La represión de la policía se detuvo en parte y las familias comenzaron a cuestionarse las actitudes discriminatorias y hasta de odio hacia sus hijos o hijas con preferencias sexuales diferentes, ese fue el segundo resultado importante; pero la lucha por los derechos homosexuales, aún no comenzaba.

Los intelectuales de las organizaciones lésbico-gays, discutían y cuestionaban diferentes aspectos del marco legal vigente, que directa o indirectamente violentaban o negaban los derechos de los homosexuales. El código penal era uno de los referentes en donde más claramente se discriminaba o se violaban los derechos de la poblaciónn lésbico-gay: delitos que se agravaban por la condición de ser homosexual, la propia homosexualidad considerada como un delito, prejuicios implícitos en la norma jurídica mediante los cuales, policías, ministerios públicos y jueces, asumían la naturaleza “maligna” del homosexual.

En el ámbito del derecho laboral la situación no era mejor. Aunque la homosexualidad no es causa de despido o motivo de sanción, la represión contra los homosexuales se ejerce a partir de considerar la “probidad” del trabajador y del pretexto de que la figura del homosexual lastima la “moral pública” y las “buenas costumbres”.
En el ámbito de lo civil, la comunidad lésbico-gay en México, no se había planteado la posibilidad del matrimonio que era visto como una institución heterosexual, aburguesada y represiva. Las consignas de los años setenta y ochenta dicen mucho acerca de lo que la comunidad lésbico-gay pensaba sobre el matrimonio, en sus marchas cantaban una parodia de la canción:

“No señor yo no me casaré
estoy enamorado pero de un hombre gay” (Para el caso de las lesbianas el final se cambiaba por . . .de otra mujer)

Las parejas homoeróticas vivían sus vidas con discreción, sufrían el desprecio de sus familias y la intolerancia de sus vecinos, pero en general su intimidad no se lastimaba. Algo inesperado surgió que modificó radicalmente la vida de las parejas lésbico-gay, sobre todo de estas últimas: el SIDA.

La agresividad de ese mal y su alta mortalidad, minó a la población gay: desprovista de cuidados médicos, sujeta a despidos y al desprecio de sus propios familiares, un homosexual enfermo de SIDA, no tenía ninguna posibilidad de vida, sólo su pareja, si la tenía, se ocupaba de él.

Ante la posibilidad real de morir de manera imprevista, las parejas, sobre todo gays, se cuestionaron seriamente el problema de la herencia y la seguridad social: ¿Cómo proteger a sus parejas? ¿Cómo garantizar que sus bienes no fueran objeto de rapiña de los familiares cercanos? ¿Qué medidas tomar para que su pareja enferma, sin empleo, abandonado por sus familiares y sin dinero, tuviera asistencia médica y pasara tranquila sus últimos días?

Nadie parece preguntarse por la tragedia de esos hombre y mujeres que por el hecho de ser homosexuales, veían morir a sus parejas sin tener ninguna posibilidad de ayudarlos o sufrir ellos mismos una muerte angustiosa mientras veían a su ser amado llorar impotente su desgracia.

A partir de esta nueva condición que planteaba el SIDA, la comunidad lésbico-gay, comenzó a cuestionar la posibilidad del reconocimiento legal de su unión en pareja, de modo que se garantizaran derechos similares al del matrimonio. Esta nueva etapa de su lucha se prolongó hasta el 16 de noviembre de 2006, fecha en la que se decretó la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal; norma que garantizaba ciertos derechos a las parejas lésbico-gays, pero aún incompleta.

En mi opinión la lucha seguiría un rumbo que llevaría a reformas sociales de trascendencia, el potencial transformador del movimiento lésbico-gay hacían suponer eso; sin embargo, terminó por subsumirse a una institución en crisis, como el matrimonio. Al parecer, prevaleció más el resentimiento de la comunidad lésbico-gay que su conciencia creativa y transformadora, la consigna fue: no someterse a la discriminación a costa incluso, de perder su capacidad revolucionaria.

¿Por qué el movimiento lésbico-gay prefirió someterse a una institución en crisis, en vez de crear nuevas, y además una conciencia diferente en la sociedad ante su realidad innegable?

Hoy tenemos la evidencia de que el matrimonio es una institución que no garantiza la realización de sus supuestos fines. Estudios internacionales y nacionales, teorías y prácticas documentadas, nos muestran la realidad de la sociedad actual, donde los divorcios se incrementan, la violencia intrafamiliar es motivo de alarma social y un nuevo tipo de familia monoparental está surgiendo. En México, la separación de las parejas heterosexuales casadas, se da en un alto porcentaje, sin recurrir a la disolución legal que es el divorcio, incluyendo aquellas uniones donde el matrimonio religioso se realizó. Las generaciones más jóvenes han recurrido al expediente de las uniones consensuales premaritales como forma de prevenir los desastres del matrimonio. La sociedad moderna está necesitada de un cambio radical de la forma en como se legaliza la unión de las parejas, ya que la actual institución se ha judicializado tanto, que se asume, antes del matrimonio, que dos posibles delincuentes contraerán nupcias.

Si hay algo criticable en la reforma al código civil del distrito federal que permite el matrimonio homosexual, es que quienes lo impulsaron buscaron más la publicidad electoral que la defensa de los derechos de la población lésbico-gay; que quienes apoyaron la reforma desde las organizaciones lésbico-gays, lo hicieron creyendo que el resentimiento se expresa mejor como consigna en una lucha contra la discriminación.

No me referiré ahora al tema de la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales, terminaré diciendo que lamento que la comunidad lésbico-gay pierda gradualmente su potencial revolucionario y se regocije por sus pírricas victorias.