El 22 de diciembre de 2009, los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, dieron a conocer que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, había reformado el código civil para ese territorio, modificando lo relativo al matrimonio y permitiendo la adopción de niños por parejas lésbico-gays.
La reacción fue casi inmediata, los sectores más conservadores de México manifestaron su desacuerdo y reprobaron la reforma. La jerarquía de la iglesia católica, y poco después los pastores de las denominaciones evangelistas, hicieron lo mismo, señalando que el matrimonio entre personas del mismo sexo era inadmisible y que esa institución y sacramento, estaba reservado sólo para realizarse entre hombres y mujeres y cuyo fin primordial era procrear y dar lugar a una familia.
La reforma del código civil, que permite ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo, es el resultado de una larga lucha de la comunidad lésbico-gay, contra la represión, la discriminación y la conculcación de sus derechos.
Hasta hace apenas tres décadas, los homosexuales en México eran objeto de razzias, violencia y cárcel por parte de las autoridades, sin importar que se violaran sus derechos más elementales. Además de la represión del Estado, muchos homosexuales sufrían el desprecio de sus propios padres y hermanos en sus familias al grado que no pocos, decidieron suicidarse porque consideraban la situación insoportable para un ser humano.
En México los homosexuales tenían que vivir prácticamente en la clandestinidad: en su casa, en la escuela, en el trabajo y hasta en los lugares públicos, la población lésbico-gay debía ocultarse para no ser objeto de burla y violencia, sólo por tener preferencias sexuales diferentes a las llamadas “normales”.
Ningún ser humano deja de serlo por el color de su piel, por sus creencias, nacionalidad, sexo, edad o preferencia erótica, por tanto, sus derechos humanos y constitucionales, no pierden vigencia en ningún lugar, en ningún momento y por ningún motivo.
En muchas partes del mundo, y particularmente en nuestro país, se discriminaba, reprimía y violaban los derechos de la población lésbico-gay; y lo que ya era mucho pedir: se negaba la posibilidad de crear instituciones y leyes mediante las cuales el resultado de sus preferencias sexuales, estuviera regulado y tutelado por el Estado y la sociedad.
Fue hasta los años 70s que algunas organizaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Acción Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet, decidieron emprender una lucha frontal y abierta contra las razzias y la defensa de los derechos de la población lésbico-gay. El resultado de las movilizaciones fue, en primer lugar, el crecimiento en número de los participantes en la lucha: los homosexuales ocultos en el closet, salieron a la luz pública insumisos y dispuestos a defender su dignidad humana.
La represión de la policía se detuvo en parte y las familias comenzaron a cuestionarse las actitudes discriminatorias y hasta de odio hacia sus hijos o hijas con preferencias sexuales diferentes, ese fue el segundo resultado importante; pero la lucha por los derechos homosexuales, aún no comenzaba.
Los intelectuales de las organizaciones lésbico-gays, discutían y cuestionaban diferentes aspectos del marco legal vigente, que directa o indirectamente violentaban o negaban los derechos de los homosexuales. El código penal era uno de los referentes en donde más claramente se discriminaba o se violaban los derechos de la poblaciónn lésbico-gay: delitos que se agravaban por la condición de ser homosexual, la propia homosexualidad considerada como un delito, prejuicios implícitos en la norma jurídica mediante los cuales, policías, ministerios públicos y jueces, asumían la naturaleza “maligna” del homosexual.
En el ámbito del derecho laboral la situación no era mejor. Aunque la homosexualidad no es causa de despido o motivo de sanción, la represión contra los homosexuales se ejerce a partir de considerar la “probidad” del trabajador y del pretexto de que la figura del homosexual lastima la “moral pública” y las “buenas costumbres”.
En el ámbito de lo civil, la comunidad lésbico-gay en México, no se había planteado la posibilidad del matrimonio que era visto como una institución heterosexual, aburguesada y represiva. Las consignas de los años setenta y ochenta dicen mucho acerca de lo que la comunidad lésbico-gay pensaba sobre el matrimonio, en sus marchas cantaban una parodia de la canción:
“No señor yo no me casaré
estoy enamorado pero de un hombre gay” (Para el caso de las lesbianas el final se cambiaba por . . .de otra mujer)
Las parejas homoeróticas vivían sus vidas con discreción, sufrían el desprecio de sus familias y la intolerancia de sus vecinos, pero en general su intimidad no se lastimaba. Algo inesperado surgió que modificó radicalmente la vida de las parejas lésbico-gay, sobre todo de estas últimas: el SIDA.
La agresividad de ese mal y su alta mortalidad, minó a la población gay: desprovista de cuidados médicos, sujeta a despidos y al desprecio de sus propios familiares, un homosexual enfermo de SIDA, no tenía ninguna posibilidad de vida, sólo su pareja, si la tenía, se ocupaba de él.
Ante la posibilidad real de morir de manera imprevista, las parejas, sobre todo gays, se cuestionaron seriamente el problema de la herencia y la seguridad social: ¿Cómo proteger a sus parejas? ¿Cómo garantizar que sus bienes no fueran objeto de rapiña de los familiares cercanos? ¿Qué medidas tomar para que su pareja enferma, sin empleo, abandonado por sus familiares y sin dinero, tuviera asistencia médica y pasara tranquila sus últimos días?
Nadie parece preguntarse por la tragedia de esos hombre y mujeres que por el hecho de ser homosexuales, veían morir a sus parejas sin tener ninguna posibilidad de ayudarlos o sufrir ellos mismos una muerte angustiosa mientras veían a su ser amado llorar impotente su desgracia.
A partir de esta nueva condición que planteaba el SIDA, la comunidad lésbico-gay, comenzó a cuestionar la posibilidad del reconocimiento legal de su unión en pareja, de modo que se garantizaran derechos similares al del matrimonio. Esta nueva etapa de su lucha se prolongó hasta el 16 de noviembre de 2006, fecha en la que se decretó la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal; norma que garantizaba ciertos derechos a las parejas lésbico-gays, pero aún incompleta.
En mi opinión la lucha seguiría un rumbo que llevaría a reformas sociales de trascendencia, el potencial transformador del movimiento lésbico-gay hacían suponer eso; sin embargo, terminó por subsumirse a una institución en crisis, como el matrimonio. Al parecer, prevaleció más el resentimiento de la comunidad lésbico-gay que su conciencia creativa y transformadora, la consigna fue: no someterse a la discriminación a costa incluso, de perder su capacidad revolucionaria.
¿Por qué el movimiento lésbico-gay prefirió someterse a una institución en crisis, en vez de crear nuevas, y además una conciencia diferente en la sociedad ante su realidad innegable?
Hoy tenemos la evidencia de que el matrimonio es una institución que no garantiza la realización de sus supuestos fines. Estudios internacionales y nacionales, teorías y prácticas documentadas, nos muestran la realidad de la sociedad actual, donde los divorcios se incrementan, la violencia intrafamiliar es motivo de alarma social y un nuevo tipo de familia monoparental está surgiendo. En México, la separación de las parejas heterosexuales casadas, se da en un alto porcentaje, sin recurrir a la disolución legal que es el divorcio, incluyendo aquellas uniones donde el matrimonio religioso se realizó. Las generaciones más jóvenes han recurrido al expediente de las uniones consensuales premaritales como forma de prevenir los desastres del matrimonio. La sociedad moderna está necesitada de un cambio radical de la forma en como se legaliza la unión de las parejas, ya que la actual institución se ha judicializado tanto, que se asume, antes del matrimonio, que dos posibles delincuentes contraerán nupcias.
Si hay algo criticable en la reforma al código civil del distrito federal que permite el matrimonio homosexual, es que quienes lo impulsaron buscaron más la publicidad electoral que la defensa de los derechos de la población lésbico-gay; que quienes apoyaron la reforma desde las organizaciones lésbico-gays, lo hicieron creyendo que el resentimiento se expresa mejor como consigna en una lucha contra la discriminación.
No me referiré ahora al tema de la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales, terminaré diciendo que lamento que la comunidad lésbico-gay pierda gradualmente su potencial revolucionario y se regocije por sus pírricas victorias.
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