Los hechos recientes tensan y enrarecen el ambiente nacional: la tragicomedia montada entorno a la dramática muerte de la niña Paulette, le dio el tiro de gracia a la poca credibilidad que le teníamos a las autoridades mexicanas; porque la insultante farsa del procurador Bazbaz afecta a todas las instituciones del país.
Nadie con dos dedos de frente, cree lo que dijo la marioneta del poder en el Estado de México; esto significará un desgaste de la figura de Enrique Peña Nieto y como consecuencia lógica, le abre las puertas a otros aspirantes a la candidatura del PRI para las elecciones del 2012.
La desaparición del “Jefe” Diego, sin importar el motivo de quienes hayan perpetrado el ilícito, se interpreta como un mensaje para el poder panista, y en particular para el presidente de la república: quienes pueden actuar con impunidad secuestrando a uno de los hombres más poderosos de México y además imponerle a algunos medios de comunicación y al propio gobierno sus condiciones, son quienes en realidad deciden las cosas en el país.
No estoy de acuerdo con lo que sostiene Héctor Aguilar Camín cuando dice, palabras más palabras menos, que los medios han construido una imagen de México que no corresponde al grado de violencia real que hay en el país.
Cuando la tensión es grande y cuando se observa que las autoridades no pueden imponer la ley, cualquier hecho de sangre o ilícito, se ve como posible en cualquier lugar. La preocupación se generaliza en el país cuando algo que ocurre en Ciudad Juárez se evalúa subjetivamente como posible en Oaxaca, en Yucatán, en Veracruz, en cualquier parte del país: el miedo no anda en burro.
Aguilar Camín debería preguntarse: ¿porqué los hechos, digamos aislados, que ocurren en Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, etc. producen en la gente una sensación de inseguridad, aunque cosas semejantes no ocurran en su lugar de residencia? ¿Son los medios los que provocan esto de manera directa, o es cierto estado de ánimo lo que predispone a la población a percibir como algo generalizado, la violencia que se informa existe en otros lugares?
Por otra parte, si bien es cierto que los “datos duros” no muestran una violencia generalizada en el país y tampoco muestran un gobierno imposibilitado para operar en los términos de las facultades que la ley le otorga; sí muestran que la violencia vinculada al crimen organizado se manifiesta en todo el territorio nacional; si bien en grados diferentes.
¿Qué hacer para que la población no se preocupe por lo que sucede en otros lugares y perciba mejor su entorno inmediato? En mi opinión, lo primero es mostrarle a la ciudadanía, con hechos, que el aparato policíaco y de justicia, funcionan con apego a la ley y son eficaces. Pero casos como el de Paulette lo que nos muestran es una imagen contraria.
En segundo lugar, habría que mostrarle a la población, con hechos, que no debe preocuparse por el futuro de su familia, porque al poder conservar e incrementar su patrimonio, mantener su empleo e ingresos, puede planificar lo que hará en los tiempos por venir. Pero eso tampoco sucede. La crisis económica con todo y la recuperación anunciada, mantiene en el desempleo a miles de mexicanos; y para aquellos que tienen trabajo, la crisis reduce su capacidad adquisitiva y de ahorro, mediante nuevos impuestos se desgasta su patrimonio y nadie le pude dar garantía de que mañana no perderá su empleo.
Los que tienen un margen económico para emprender algún negocio, se enfrentan con una situación de anarquía legal que pretende ser un orden jurídico. Los bancos se dedican a saquear a los usuarios de tarjetas, no piensan siquiera en compartir riesgos con potenciales inversionistas y hacer crecer el capital a partir de inyectarle dinero a la economía real. Es mucho más fácil para el sistema financiero continuar con una economía ficción que incrementa la fortuna de los banqueros a partir de endeudar a la población y nadie, que yo sepa, ha planteado reformar la normatividad que regula a los bancos y las leyes que los protegen en la usura que practican.
En las redes de solidaridad social participan cada vez menos o con menor impacto, los gobiernos federal y estatales, de los municipales, muy pocos tienen capacidad para hacerlo: los sistemas de medicina social, la educación pública, los programas de vivienda, los apoyos directos a los desempleados o no existen u operan con muchas deficiencias. De esta manera los más desvalidos, no encuentran apoyo en su desgracia.
La situación descrita, es lo que provoca que la población vea en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, en la actuación de Bazbaz en el caso Paulette, en los levantones “focalizados”, en los asaltos colectivos en algunas carreteras del norte del país, en los descabezados de norte a sur, en las balaceras callejeras o en las cercanías de algunas universidades, en un incendio donde mueren decenas de niños, no hechos aislados, sino la confirmación de su miedo a que la violencia está cada vez más cerca y que inevitablemente llegará a la puerta de su casa, a su barrio o inesperadamente en alguna de las calles de su pueblo.
La tensión nerviosa de la población y la percepción “subjetiva” de la violencia generalizada son hechos que no desaparecerán con buenos argumentos y datos científicos; se necesita algo más. Para empezar no podemos ni debemos esperar todo del gobierno; pero el gobierno tiene responsabilidades importantes: debe cumplir y hacer cumplir la ley; diseñar y aplicar estrategias que mejoren la actual situación y reduzcan el sacrificio de vidas humanas; procurar el crecimiento de la economía y una mejor distribución de sus beneficios, pero además debe promover la organización y participación activa de la ciudadanía, en los asuntos que nos conciernen a todos. Es el momento de cambiar el sentido de lo público, liberándolo de su estigma gubernamental.
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